Por primera vez en lo que va de juicio de la Zamburiña contra el tráfico de drogas -este miércoles fue la tercera sesión-, se rompió una lanza a favor del trabajo de Asuntos Internos, la unidad policial que realizó la investigación, judicalizada en Instrucción 1, y que culminó con 13 acusados, cuatro ellos de ellos policías del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Ourense. La fiscal del caso, Pilar Manso, no solo defendió el trabajo de ese grupo en esta causa, fraguada en casi 30 tomos, sino que aprovechó su intervención, contestando a la petición de nulidad de las defensas, para avalar el trabajo del juez Leonardo Álvarez, también cuestionado, que, según recordó, fue refrendado por la Audiencia de Ourense en los distintos recursos de apelación presentados por los inculpados.
Sin embargo, no fue tan generosa con la actuación profesional de la Comisaría de la Policía Nacional de Ourense. Recordó que cuando se denunció la desaparición de tres pistolas del armero policial en septiembre de 2014, la punta de lanza de los escándalos en la institución, "la propia UDEV dijo que los hechos no eran constitutivos de delito" ya que podría ser un simple extravío u error en la tramitación documental. Ante esa afirmación, "sería absurdo que el juez ordenara una investigación".
Más aún, la fiscal aseguró que la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, "que tan siquiera practicó una inspección en el lugar de los hechos", ofreció dos versiones distintas. Una semana antes (el 18 de agosto de 2014) comunicarlo al juzgado hace constar "en el Registro Internacional, pero no se le dice al magistrado, que la desaparición de armas puede deberse a una sustracción, una apropiación indebida o un extravío". La UDEV, que a nivel interno sí abrió una investigación -información reservada-, no comenzó a hablar de robo hasta que no se tuvo constancia de la desaparición de otras tres armas, en febrero 2015, expuso Manso.
“Dónde estará mi pipa"
La representante del ministerio público sostiene que la comisaría "ocultó datos importantes" al juez en el robo de armas y también echó mano de la reproducción de una conversación telefónica "muy importante" que aparece en el sumario de la Zamburiña: dos policías, no imputados, que hablan entre ellos de la desaparición de las armas. Una mujer se pregunta "¿dónde estará mi pipa?" y su interlocutor responde que no se investigó -"se tapó, se medio tapó, se tomaron unas declaraciones y se dejó en stand-by"- y hasta elucubran sobre si lo hizo "un pez gordo".
"Estos policías ponen de manifiesto que por parte de la comisaría se está tapando la desaparición de las armas", destacó la representante del ministerio público. Y a continuación se preguntó por qué solo aparecieron tres de las seis armas robadas en la despacho donde fue hallado muerto Celso Blanco en abril de 2016.
Manso ve lógico que Asuntos Internos investigara la Zamburiña. Por un lado, porque "recibió el anónimo" en noviembre de 2014 (nota que hablaba de policías que cometían delitos) y porque es la unidad que, según una orden del Ministerio del Interior, "está obligada a investigar la corrupción policial".
En su larga exposición para contestar a todos los abogados de los acusados, que acaparó la sesión de ayer por completo, la fiscal recalcó en numerosas ocasiones que el juez instructor no abrió la causa que desembocó en la Zamburiña por casualidad y en base a la nota anónima que recibió Asuntos Internos en noviembre de 2014 en la que se hablaba de un grupo corrupto en la comisaría (solo uno de los nueve aludidos está en en este proceso encausado). La fiscal expuso que al juez se le hizo llegar un oficio de 49 folios con anexos, pidiendo los pinchazos telefónicos, con argumentos. Aludió a una investigación previa "amplia", cuestionada por las defensas, con consultas irregulares -enfatizó- a las bases de datos policiales (registros de matrículas y DNI) por parte de Antonio R.F., el inspector del grupo de drogas imputado, atestados anómalos o seguimientos. "No se podía mirar para otro lado", afirmó.
Y no se olvidó el refrendo de la Audiencia a lo largo de la instrucción a las resoluciones del juez, incluyendo la segregación de todas las causas judicializadas y con otros imputados -los hermanos gemelos Roy Bernardo D.L.- que afectan a la comisaría (la muerte violenta de un agente en su despacho y el robo de las pistolas).
El juicio se reanudará el próximo lunes ya que el tribunal debe estudiar todas las cuestiones previas que piden la nulidad del proceso antes de comenzarán con las testificales. Los acusados, según dijo ayer la magistrada ponente, declararán al final.
