Sospecha que la cantante usó 14 sociedades para ocultar sus ingresos y su patrimonio al fisco
La Fiscalía de Barcelona se ha querellado este viernes contra la cantante Shakira ante los juzgados de instrucción de Esplugues de Llobregat (Barcelona) por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de más de 14,5 millones de euros en IRPF e Impuesto de Patrimonio (IP) a través de 14 sociedades en países como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Panamá.
En la querella, que se ha presentado a las 14 horas este viernes en los juzgados, la fiscal Carmen Martín Aragón considera que la cantante dejó de presentar la liquidación del IRPF e Impuesto de Patrimonio los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 produciendo un perjuicio económico a la Hacienda Pública, respectivamente, de 12.371.197,97 euros (IRPF) y 2.191.771,58 euros (IP).
La artista "con el deseo de no tributar, utilizó un entramado societario" para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la renta percibida
La fiscal considera que Shakira vivía en España durante estos ejercicios, y que las estancias en el extranjero por motivos laborales fueron "esporádicas", por lo que la cantante era residente permanente en España y tenía la condición de obligado tributario y residente fiscal.
Según el relato de la querella, la artista "con el deseo de no tributar, utilizó un entramado societario" para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la renta percibida y a la Agència Tributària de Catalunya el patrimonio que tenía en estos ejercicios.
La fiscal argumenta que el plan de Shakira para conseguir no pagar impuestos "consistió básicamente en que fueran las sociedades quienes formalmente figurasen como titulares de las percepciones de las rentas y del patrimonio, en lugar de que figurase ella misma", quien aparecía en último lugar y en algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales, dice el escrito.
A dichas sociedades fue donde de "forma indirecta fue a parar la mayor parte de la renta y de la que dispuso en provecho y beneficio propio", argumenta la fiscal, que también se querella contra un consejero legal, con despacho en Nueva York, de la querellada y que ejercía de director y manager de diversas compañías propiedad de la cantante.
Las empresas "fueron interpuestas con el único objetivo de ocultar a la Hacienda Pública las rentas y el patrimonio de la querellada", ya que carecían de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos.
Así, según la fiscal, la única relación de Shakira con las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo fue el domicilio de las sociedades a través de las cuales canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional.
