Tribunales

Un ganadero de Montederramo será juzgado por dejar morir 12 vacas de su granja

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photo_camera Una de las vacas de la explotación de Montederramo con problemas de desnutrición. (ANDRÉS CACHALVITE)
La fiscal pide inicialmente una pena de 18 meses de cárcel por maltrato animal continuado

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil denunciaron el pasado año a Antonio Aurelio G.L., de 48 años, por el pésimo estado en el que encontraron decenas de reses en una explotación de ganado vacuno de Montederramo. Hacía casi 25 años que la regentaba y en ese momento el censo rondaba las 52 cabezas.

Apenas comían y bebían, por lo que tanto vacas como terneros presentaban síntomas de desnutrición, además de hacinadas y en condiciones higiénico sanitarias muy deficientes. Según hicieron constar los agentes, entre enero de 2018 hasta el 22 de marzo, fallecieron 12 reses.

El propio Juzgado mixto de Trives, al tener conocimiento del caso, intervino: ordenó las inmediata retirada de las reses para llevarlas a una granja de Valverde, en Allariz, propiedad de la Consellería de Medio Rural de la Xunta.

La fiscalía considera que el ganadero, que atravesaba por una mal momento personal tras la muerte de su madre al tener que asumir más responsabilidades laborales y familiares, incurrió en un delito continuado de maltrato animal.

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Reclama en su escrito de calificación provisional una pena de 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con la ganadería o incluso para la tenencia de animales.

En cuanto a la indemnización, considera que debe hacerse cargo de los gastos ocasionados a la Xunta por la retirada y custodia de las reses. La Administración está personada porque reclama el dinero, más de 20 mil euros.

La defensa alega que no hay prueba de cargo que acredite que la muerte de las vacas fuera a consecuencia de episodios de maltrato.

"No existe prueba alguna al respecto más que simples conjeturas sin base en pruebas objetivas o médicas", dice su letrada

En su escrito de descargo solo reconoce que  en algún momento puntual pudo haber desatendido alguna de las tareas relativas a la explotación que regenta. "Antonio sería el mayor perjudicado en maltratar a sus animales toda vez que es su única fuente de ingresos económicos", añade. Ademas, el inculpado padece un trastorno mental que acabó por incapacitarlo por parte de la Seguridad Social.

El pasado año, según datos de la Fiscalía de Medio Ambiente, se incoaron 15 procedimientos judiciales en toda la provincia por malos tratos a animales domésticos. Es el segundo delito con más casos, tras los incendios forestales, de esa especialidad.

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