Pago de facturas, obras o convenios necesitan ser desbloqueados en pleno durante este mes
Con el comienzo del otoño, se abrió la veda en el Concello de Ourense de la celebración de diferentes plenos extraordinarios para desatascar numerosos expedientes imprescindibles para que el gobierno local cogiese aire en la recta final del mandato, que caducará en mayo de 2019 con la cita con las urnas.
La conservación de la subvención del servicio de ayuda a domicilio, los convenios para permitir proyectos de rehabilitación en las ARRU, el paquete de modificaciones presupuestarias por más de 18 millones de euros para diferentes convenios, obras o la sesión para poder invertir la aportación de Unespa al cuerpo de bomberos fueron algunas de las razones que obligaron a celebrar desde octubre hasta seis plenos extraordinarios, una herramienta que no cesará en lo que queda de año, ya que el gobierno del Partido Popular tiene todavía varias asignaturas pendientes que cumplir, esperándole unas semanas de vértigo.
Así se lo confirmaron los ediles Jorge Pumar y Ana Fernández Morenza a la oposición en las juntas de área celebradas el pasado martes, en la que tras ser preguntados por los representantes de los grupos, confirmaron que la agenda del gobierno incluye varias cuestiones urgentes por resolver que, dado que el pleno mensual ya tiene el orden del día cerrado, al celebrarse el próximo lunes, deberán debatirse en sesiones extraordinarias.
La mayor parte de temas urgentes están relacionadas con el área económica. En esta línea, tras las alegaciones presentadas por el sinidcato de la Policía Local SPPME a las modificaciones de crédito aprobadas para saldar la cuenta 413 (facturas pendientes con proveedores), dotar convenios con entidades comerciales o reanudar el plan de obras, y que ya han sido informadas por el órgano económico, el gobierno está a la espera de la fiscalización de Intervención para poder elevarlas a pleno. Los plazos son apretados, ya que el cierre del ejercicio, a mediados de mes, impediría incluir las partidas en el presupuesto de este año y obligaría a esperar a la liquidación para poder disponer de los fondos.
En paralelo, el área que dirige Ana Morenza también trabaja a destajo para concluir el Plan Económico-Financiero que debe elaborar tras incumplir la regla de gasto en 2017. Este documento, que debe ser remitido a la Xunta para que dé el visto bueno, también debe contar con el respaldo plenario para aprobarse. Su elaboración es imprescindible para que el PP pueda presentar un proyecto de presupuestos de 2019, algo que tiene en su cabeza.
Por otro lado, también con retraso respecto a los plazos fijados por la legislación, el Concello debe aprobar en el salón de plenos la Conta Xeral correspondiente a 2017, en período de exposición pública. La previsión, según Morenza, es poder darle luz verde el 26 de diciembre, según trascendió tras la junta de área.
Mientras, como sucedió la semana pasada en la Diputación, el Concello debe avalar la firma del convenio con Red.es para desarrollar el programa de turismo inteligente que consiguió una dotación económica de tres millones de euros. "Está pendiente de informe de Intervención", explicó Jorge Pumar a la oposición, recordando que "tiene que aprobarse antes de final de año".
La segunda rebaja del IBI, todavía en exposición antes de poder entrar en vigor
Otra cuestión que podría tener que resolverse en un pleno es la aprobación definitiva de la segunda rebaja consecutiva del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), a la que se dio luz verde provisionalmente en una sesión celebrada el 24 de octubre, aunque el acuerdo no fue publicado hasta el 9 de noviembre, abriéndose el plazo de 30 días hábiles para que cualquier interesado pueda presentar reclamaciones.
El acuerdo tornará en definitivo siempre que no se recojan alegaciones, que en el caso de existir, tal y como sucedió el año pasado en una sesión celebrada el 21 de diciembre, deben ser resueltas en pleno para proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y que así se pueda aplicar la disminución del 10% en el tipo que grava la propiedad inmobiliaria, situándolo en un 0,54, que es el mínimo permitido.
