La acusación particular que ejerce Áurea Soto sostiene que la cuantía exigía un concurso público
El que fuera concejal de Comercio en 2006 en el Concello de Ourense, el "popular" Aurelio Gómez Villar, defendió en el Penal 2 su actuación en relación a la compra de altavoces a la empresa Jolper Música, propiedad del líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, para la sonorización de la calles del Centro Comercial Aberto aprovechando una subvención de la Consellería de Industria. El exedil insistió en que no fue un contrato "a dedo" sino que se invitó a participar, mediante llamadas telefónicas, a varias empresas radicadas en toda Galicia y a las interesadas se les envió una especie de memoria para que elaborasen el presupuesto, un extremo que confirmó una auxiliar que trabajaba en su departamento (contratada como personal de confianza) y el gerente de una de las mercantiles (Sonorde). En el caso de la empresa de Jácome, según explicó este último ayer, se enteró por terceros de las intenciones del Concello y presentó presupuesto.
Gómez Villar explicó que este procedimiento no solo era el que conocía sino el que practicaba en la Concejalía de Cultura: "Lo elegí en base a mis años de experiencia; en Comercio solo hice ese contrato pero en Cultura, con la organización de las fiestas durante años, por ejemplo, con presupuestos de 600.000 euros, era una práctica habitual". Finalmente, se le adjudicó a Jolper porque "era la oferta más ventajosa para el Concello y la que mejor se ajustaba al presupuesto". Este último era de 61.691 euros y la oferta de Jácome recogía idéntico importe.
En cuanto a la falta de documentación que amparase el acto administrativo, un extremo que echó en falta el interventor en la fiscalización de las cuentas que hizo a posteriori, aclaró que " el expediente estaba en Comercio pero cuando se hizo el informe de la Cuenta Xeral en octubre de 2007 ya no era edil".
Gómez Villar fue juzgado ayer con motivo del procedimiento penal al que dio pie la denuncia presentada por el exedil socialista Áurea Soto, quien ejerce la acusación particular. El letrado que la representa, Eloy González, imputó al inculpado un delito de prevaricación, reclamando 10 años de inhabilitación. Sustenta la acusación en que la cuantía del contrato de suministro exigía un concurso público para garantizar la libre concurrencia. "No estamos ante un contrato menor, ya que se exceden los 12.000 euros", recordó el abogado, para quien la voluntad del exconcejal imputado era "adjudicar las pantallas acústicas a Jolper".
La fiscalía, por su parte, reiteró de nuevo su postura en este caso: "No apreciamos una palmaria ilegalidad para dar entrada al derecho punitivo más allá del administrativo".
El abogado del denunciado, Javier Calvo, aseguró en su exposición final que el interventor, que ayer testificó, no halló huella del expediente porque se pidió al Servicio de Contratación -esa adjudicación no pasó por ese departamento- "con la intención deliberada de que no apareciera de cara a la querella".
El propio interventor confirmó que la compra exigía una procedimiento abierto con pliegos que especificaran las condiciones económicas y técnicas para asegurar la concurrencia competitiva.
Competencias delegadas en las concejalías
La junta de gobierno, fuera del orden del día y previa declaración de urgencia, aprobó la factura de Jolper Música el 26 de octubre de 2006 (por un error aparece el día 31). Venía acompañada, según recordó el exalcalde, Manuel Cabezas, con una propuesta favorable del concejal delegado, por lo que el resto de ediles de la junta desconocía la forma de tramitación del procedimiento.
