El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó ayer la nueva senda de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas, que marca una relajación del objetivo de déficit autonómico al 0,2% del PIB este año y al 0,1% en 2021, con once votos a favor del Ministerio de Hacienda, las regiones del PSOE y Melilla, frente a la oposición de las regiones gobernadas por el PP, según informaron fuentes del Ministerio de Hacienda. En concreto, los once votos a favor fueron los de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria (en coalición con PRC), Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana), más el voto de Melilla (presidida por Cs) y del propio Ministerio de Hacienda. Por el contrario, rechazaron la nueva senda las cinco regiones del PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia), más la ciudad autónoma de Ceuta.
De su lado, Navarra y País Vasco, que se acogen al régimen especial, no votaron, aunque sí acudió un representante de la comunidad navarra. Del País Vasco en cambio no se envió a nadie. En el caso de Cataluña, tampoco participó en la votación, aunque acudió la secretaria de Economía, Natàlia Mass, en vez del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Déficit más flexible
La nueva senda trasladada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las comunidades autónomas establece un objetivo más flexible de déficit autonómico, fijándolo en el 0,2% del PIB este año, el 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde el ejercicio 2022.Conforme a la nueva senda, el Gobierno otorga más margen a las comunidades, ya que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria ya el año que viene. De hecho, la senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.
En la reunión del CPFF, Montero trasladó también a los consejeros autonómicos que Hacienda no tendrá en cuenta la parte del déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017, unos 2.500 millones de euros en conjunto, a la hora de contabilizar el déficit de las comunidades autónomas de 2019, que estima que cerró en el 0,5% del PIB, si bien calcula que rondaría el 0,3% si se descuenta dicho efecto. Además, ha flexibilizado los objetivos de déficit y pondrá en marcha un extra Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con un tipo del 0%. De esta forma, tras descontar el efecto del IVA, las comunidades que registren un déficit del 0,1% o inferior se entenderá que cumplieron el objetivo en 2019.
No obstante, las comunidades no dieron una buena acogida a las medidas compensatorias de Hacienda al reclamar el pago y rechazar más endeudamiento, especialmente las regiones que ya presentan superávit. El rechazo fue mostrado por los consejeros de las autonomías gobernadas por el Partido Popular y por varias socialistas.
El conflicto, visto a través de siete preguntas clave
La reclamación de las comunidades al Gobierno se ha recrudecido con la amenaza de llevar el caso a los tribunales. Estas son algunas claves sobre este conflicto.
1. ¿Qué ocurrió en 2017?
El Gobierno, entonces del PP, puso en marcha un nuevo sistema de gestión del IVA -el suministro inmediato de información (SII)- que, entre otras cosas, amplió el plazo para que las empresas liquidaran el impuesto. Esto supuso que la recaudación de noviembre, que se ingresaba en el mes de diciembre, lo hiciera en enero, una vez que el ejercicio estaba cerrado.
2. ¿Afectó este cambio a las cuentas públicas?
No, porque la contabilidad nacional aplica el principio de devengo, es decir, contabiliza los ingresos cuando se genera la obligación, independientemente de cuándo se paguen.
3. ¿Y afectó a las autonomías?
En ese momento, tampoco. Las comunidades autónomas reciben cada año la mitad de la recaudación de IVA, pero para no tener que esperar al cierre del ejercicio, el Estado les adelanta lo que calcula que les va a corresponder por este concepto y liquida dos años después. Como el cálculo de 2017 se hizo antes del cambio normativo, las regiones recibieron todo lo que les correspondía en concepto de adelanto (12 meses de recaudación) sin tener en cuenta lo efectivamente cobrado (11 meses, todos menos noviembre, que había pasado a 2018).
4.Entonces, ¿por qué se genera un conflicto?
Porque cuando en 2019 llegó el momento de liquidar el ejercicio 2017 y hacer balance entre lo que se adelantó y lo efectivamente ingresado, las comunidades solo podían computar once meses de recaudación de IVA (al haber perdido el mes de noviembre, que pasó a 2018) y no los 12 meses habituales, un desfase que cifran en unos 2.500 millones de euros. Las regiones no tuvieron que devolver dinero al Estado, ya que al incorporar todos los conceptos la liquidación del ejercicio fue positiva para las comunidades autónomas, aunque en menor medida que otros años.
5. ¿Ha habido algún intento de resolver esta situación?
Sí. El proyecto presupuestario de 2019 pretendía modificar los plazos de pago de IVA de las empresas, de manera que la liquidación de noviembre volviera a abonarse en diciembre. Esto suponía que de manera excepcional 2019 tendría una recaudación de este impuesto equivalente a trece meses, ya que computaría tanto noviembre de 2018 (abonado en enero de 2019) como noviembre de 2019 (abonado en diciembre de 2019), lo que compensaría a las comunidades autónomas por el mes perdido de 2017 que liquidaban ese año.
6. ¿Cómo han reaccionado las comunidades autónomas?
Las reiteradas peticiones de que se reintegre la recaudación que se considera pendiente han subido de nivel en las últimas semanas, ya que las comunidades autónomas han planteado la posibilidad de recurrir a la vía judicial para lograrlo.
7. ¿Y qué dice el Gobierno?
El Ejecutivo insiste en que, una vez cerrado el ejercicio 2019, ya no es posible reintegrar esas cantidades, aunque abre la puerta a estudiar "medidas paliativas" que no detalla.
