Había reservado una mesa para dos. Era una noche especial y me ilusionaba cenar con mi pareja para celebrar cualquier cosa. También le había comprado algo que creí que le iba a ilusionar. Cuando el camarero nos indicó cuál era nuestra mesa y advertir que había tres servicios, le recordamos que solo íbamos a ser dos. Bueno, nos dijo, no sé si saben que aquí, como en cualquier otro restaurante, cobramos el IVA. Así que, ya saben, tienen que pagar parte de la cena al fisco, por lo que también le ponemos plato. Come menos, indicó, solo el 10% de lo que vayan a cenar ustedes, pero cenar, cena. Era cierto, el IVA, como impuesto indirecto al consumo, grava cualquier cosa que te compres o cualquier servicio que utilices. Por cierto, aunque no tenía nada que celebrar con ella, también le regalé a Hacienda el 21% de la pulsera que había comprado para mi pareja. Visto de esta forma, pagar IVA por cualquier consumo es como tener en la mesa un invitado inesperado de forma permanente.
Sabemos ahora que el Gobierno, que no abandona en ningún momento la idea de llevar a cabo una importante subida de impuestos ni su obsesión por todo lo privado, estudia acabar con las exenciones de pago del IVA e imponer un tipo del 21% a la sanidad y educación privadas. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Española (AIREF), organismo independiente de control fiscal creado en 2013 por el Gobierno español, a iniciativa de la Unión Europea, la medida tendría un efecto recaudatorio para el fisco de 3.500 millones de euros. Sin embargo, el propio organismo advierte que, en sentido contrario, los costes de la Administración se incrementarían en 2.500 millones, ya que muchos de los usuarios de la sanidad y educación privadas dejarían estos servicios para pasarse a la cobertura pública, de modo que el Gobierno tendría que incrementar sustancialmente los recursos del Estado. Por tanto, el efecto neto de la medida podría rondar los 1.300 millones de euros, además del cabreo de media España. De llevarse a cabo, la medida continuará alimentando el tamaño del Estado, como siempre, a costa del resto de la sociedad y de su libertad de libre elección; aumentar el intervencionismo público y el control sobre la ciudadanía.
Los estados confiscatorios prefieren subir los impuestos directos, como el IRPF, que los indirectos, ya que perderían cierto control sobre la recaudación. Si el IVA de algún producto de incrementa, aún le quedaría al obligado tributario un último resquicio, cual es el de dejar de consumir ese producto o sustituirlo por alguno más barato o complementario. Por eso, prefieren los impuestos directos. Aun con todo, este no es el caso, ya que suben el IVA sin existir otra alternativa más que la educación estatal. Mientras tanto, nada se dice de reducir el IVA de los pañales, la luz o el gas a un tipo superreducido, ni de que se calculen sin el recargo previo de otros impuestos a los que ahora están sometidos estos servicios, medida que fundamentalmente beneficiaría a las clases más bajas.
