La Fiscalía General del Estado designó a José Manuel Ucha López (Ourense, 1967) como fiscal delegado autonómico de Menores en Galicia, una materia de la que es especialista desde hace 12 años en Ourense. Adscrito a la Fiscalía de esta provincia, este representante del Ministerio Público también se fogueó en el Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña al comienzo de su carrerra en la judicatura.
Ahora, tras una convocatoria de concurso interno para una plaza de nueva creación, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, lo propuso por "reunir las condiciones necesarias para su desempeño y ante los específico méritos profesionales que concurren en él". Su trabajo consistirá básicamente en coordinar a los fiscales gallegos de Menores y servir de enlace entre Galicia y Madrid.
¿Qué le preocupa especialmente?
La protección del menor en situaciones de riesgo. Considero que los servicios sociales de los ayuntamientos deben asumir más competencias y un papel más activo en esta materia, la gran deficiencia en Galicia.
¿Por dejación o es que les faltan recursos?
Por falta de competencias. Muchos de ellos no tienen capacidad económica y tendrían que intervenir las diputaciones provinciales. La Xunta asume las situaciones de desprotección, las más graves, y con eso ya tiene bastante. Hay que promover que la administración más cercana al menor asuma el rol que le corresponde por la Ley Jurídica del Menor.
¿La delincuencia juvenil es cosa de niños en Galicia? Delitos menores o menos graves.
Los delitos de máxima gravedad no son relevantes, pero hay delincuencia de la llamada menos grave que es significativa, sobre todo en las provincias de Pontevedra y A Coruña.
En un encuentro reciente, los fiscales de menores gallegos destacaron el aumento de los delitos de carácter sexual. ¿Qué está ocurriendo...?
Es un tema preocupante y hemos detectado un repunte. A través de las redes sociales les llega en muchas ocasiones una información errónea sobre la libertad sexual. Estamos ante unos criterios educativos defectuosos.
En Ourense en particular, hubo un pequeño repunte de los delitos sexuales pero en temas que no fueron graves.
Usted ha puesto sobre la mesa en alguna ocasión la dejación de las funciones parentales. ¿La autoridad de los padres se está quebrando?
Estoy convencido que en muchas ocasiones en la delincuencia juvenil influye la dejación de los padres en la educación de sus hijos, por falta de tiempo, relajación o simplemente porque preferimos hacer otras cosas. También hay que decir que no siempre tenemos criterios educativos claros en la educación de los menores en determinados temas. Somos demasiado tolerantes y nos gusta mucho encubrir a nuestros hijos para no asumir las responsabilidades de sus actos tanto penales como civiles, que, además, suponen un coste económico para los padres.
¿Padres encubridores para que todo quede dentro de casa?
Los padres acuden al juzgado cuando se trata de problemas de comportamiento que no saben reconducir o han acudido a otros estamentos, educativos, sociales o sanitarios, y no obtuvieron respuesta. Pero no ocurre lo mismo cuando el hijo es el delincuente y hay que denunciar la situación. Siempre acuden cuando son objeto de denuncia. Es decir, no asumen las consecuencias de un hijo agresor, por ejemplo, sino todo lo contrario, lo encubren o hasta incluso lo justifican.
¿Y los medios? ¿Dónde se echan más en falta?
La Administración de Justicia necesita más medios y en el ámbito de la protección se echan en falta en los servicios sociales y en los equipos de la Xunta. Necesitamos programas específicos educativos para reconducir problemas. Galicia precisa un programa específico para las adicciones tecnológicas -hay chicos colgados del ordenador o el móvil que tan siquiera salen de casa- o la ludopatía, un problema muy grave a día de hoy.
