El bodeguero, Luis C.G., de 62 años, fue condenado por el Juzgado de lo Penal 2 de Ourense a seis meses de prisión por un delito de frustración de la ejecución del artículo 258.1 del Código Penal, al ocultar sus bienes patrimoniales para no abonar 278.370,42 euros a una bodega. Los hechos enjuiciados se remontan a abril del 2014 cuando el Juzgado de Primera Instancia 4 de Ourense (Mercantíl) condenó al acusado -la sentencia la ratificó la Audiencia Provincial- al pago de la citada cantidad, que ahora, según recoge la sentencia del Penal 2, ya asciende, al sumarle los intereses de demora, a 411.237 euros.
El bodeguero, una vez condenado en el 2014, no depositó el dinero, ante lo que, una vez confirmada la sentencia, se le requirió para que aportase una relación de bienes patrimoniales, suficientes para cubrir la cuantía. El juzgado lo hizo en dos ocasiones, pero el bodeguero, según recoge el fallo, manifestó que carecía de patrimonio y derechos suficientes para hacer frente a la ejecución. Pero el Juzgado de lo Penal, según la sentencia, considera que su testimonio es "ficticio por no decir rotundamente falso".
El bodeguero argumentó que sus ingresos se limitaban a un sueldo de 591,66 euros mensuales, pero el juzgado descubrió que el acusado figura como apoderado de las empresas Anayluis Patrimonial, Consorcio Galego de Telecomunicaciones y Cexvi. La jueza recuerda que su esposa es administradora única, pero es él "quien de facto representa a la sociedad en todas las actuaciones y ferias de vino". La magistrada también asegura en el fallo que el imputado conduce un coche de alta gama y tiene una vivienda unifamiliar en Coles, "cuyo proyecto fue contratado por él mismo", así como cuatro plazas de garaje. Además de este patrimonio, el fallo condenatorio -le obliga a pagar los 411.237 euros- se funda en varias noticias publicadas en distintos medios de comunicación, entre ellos La Región, en las que Luis C.G. daba a conoce inversiones millonarias en el polígono industrial de Vilamarín para ampliar la venta de vinos a Rusia, China y Tailandia.
Además, el juzgado le recuerda que una persona que se declara insolvente, "por no decir en un nivel de indigencia como es el caso, dado que solo tiene ingresos de 591,66 euros, no puede conducir vehículos de alta gama, veranear en A Toxa y Puerto Banús, además de viajar a ferias y eventos de vino y jactarse de conseguir grandes exportaciones de vino".
