La venta de droga en un bar que un vecino de la ciudad regentaba en la zona universitaria a finales de 2017 podría costarle hasta siete años de prisión si prosperar la petición de la fiscal en su escrito de acusación provisional. La vista será a finales de este mes ante la Audiencia provincial.
La acusación pública reclama esa condena para Felipe R.R., de 43 años, por el supuesto trapicheo en un bajo de la calle Telleira, próxima al Edificio do Ferro que acoge varias titulaciones superiores. El inculpado llegó a confesar a la Policía Nacional, en el momento del registro del local, que vendía las dosis a ojo -sin utilizar báscula- a un precio fijo de 25 euros en tanto que el negocio hostelero no iba bien y necesitaba obtener algo de efectivo.
Aprovechando la Navidad
Posteriormente, en el juzgado negó el tráfico de drogas. Aseguró que era consumidor de unos dos o tres gramos semanales y que la cocaína era exclusivamente para él. Eso sí, volvió a recalcar que las ventas en el bar habían bajado, cuando los gastos seguían siendo los mismos y había demasiadas facturas que pagar. Confesó que tenía amigos consumidores y pensaba ofrecérsela, porque en Navidad había más demanda de droga, por si de forma voluntaria le ofrecían algo de dinero. Ante el juez de Instrucción 1, negó que vendiera las dosis en el bar aunque sí sabía que la clientela, en ocasiones, consumía en los aseos.
La actuación policial que sustenta este procedimiento penal ocurrió el 21 de diciembre de 2017 ante las sospechas de la Unidad de Prevención y Reacción (Brigada de Seguridad Ciudadana) de que se estaba vendiendo droga al menudeo en un entorno muy frecuentado por la gente joven. En la inspección realizada en el bar del inculpado, este último se mostró colaborador y hasta confesó que tenía unos gramos de cocaína en la cocina. Los funcionarios, guiados por sus indicaciones, hallaron esa sustancia en un bote de sal y encima de la bandeja de un horno. En total, requisaron siete paquetes: tres de ellos con 9,1, 6,1, 1,9 gramos, respectivamente. Los otros cuatro, una vez analizados, no contenían sustancia sometida a fiscalización.
La fiscal reclama una pena elevada de prisión porque la supuesta venta de una sustancia que ocasiona un grave daño a la salud tuvo lugar en un establecimiento abierto al público. En la misma petición de pena, añade una multa de 1.117, 27 euros, con un mes de arresto en caso de impago.
Controles en lugares a los que acuden los jóvenes
