El indulto es una institución que ha subsistido históricamente a diferentes cambios de modelo de Estado. Claramente, constituye un desequilibrio entre la Ley y la Justicia que sanciona su incumplimiento, solo fundamentado por el otorgamiento de la Gracia. Una excepción que quiebra la división de poderes ya que, entre otros solicitantes, también puede solicitarlo el Gobierno, interponiéndose al poder judicial.
No hay una cifra invariable de indultos en España. Sin embargo, su evolución ha ido a la baja en los últimos años, desde que Zapatero otorgara el récord (521 en 2007); Rajoy concedió 501 en 2012 bajándolos posteriormente hasta los 26 de 2017; Pedro Sánchez, por su lado, otorgó 39 en 2019. Su espíritu es que el Rey, a propuesta del Ministerio de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, tenga la capacidad de corregir una supuesta injusticia generada por una escrupulosa aplicación de la ley y conceder así la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme.
Personalmente, soy reticente a esta institución y no la comparto en absoluto cuando políticos perdonan a políticos y en las ocasiones en las que claramente se utiliza como arma política o moneda de cambio; muestra de ello es el gran número de indultos a condenados por delitos vinculados a la corrupción o perdones concedidos a políticos del signo contrario como pago de deudas silenciadas.
Pues bien, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este pasado miércoles en el Congreso, que se empezarán a tramitar las peticiones de indulto de los presos del “procés”, lo que reconozco me ha producido una intensa sacudida interior. Todo un elogio a la desvergüenza. Todos los partidos constitucionalistas no han parado de inquirirle sobre el asunto a Sánchez desde hace meses, quien con un impudor repugnante esquivó dar una respuesta al asunto, como para dejarnos tranquilos, para anestesiar nuestra indignación. Cambia ahora el sentido de la norma y va a convertir los indultos en insultos.
¿Ven a los Jordis que vayan mostrar algún arrepentimiento que es requisito inexcusable para la aplicación de los indultos? ¿Ven en la Gracia de su indulto un ápice de justicia, equidad o utilidad pública en las que se tiene que fundar el perdón? Yo no, y me acuerdo sin embargo, de la madre que robó una tarjeta para comprar pañales, el ex toxicómano vigués rehabilitado que tuvo que entrar en prisión por haber vendido años antes una papelina con 0,2 gramos de heroína o, incluso, la madre que prendió fuego al violador de su hija cuando éste se la encontró por la calle y le preguntó por la niña.
