Una ley española como sólo poseen las democracias más avanzadas permite analizar bajo demanda la conducta de sus gobernantes y los pone ante un tribunal que los examina y denuncia si incumplen unas normas obligatorias de transparencia y buen gobierno. Es una ley aprobada bajo la mayoría parlamentaria del PP, que en varios casos fue su primera víctima, y que ahora afecta a Pedro Sánchez en uno de los aspectos más vidriosos de su currículo: el de la tesis con la que obtuvo un doctorado “cum laude” en Economía por la universidad privada Camilo José Cela.
Distintos medios informativos, ninguno de izquierda, y el mismo PP, lo acusaron de plagio, contradicciones, refritos, datos erróneos e incluso de confundir “billion”, que en inglés es mil millones, con el billón, millón de millones, en español. Ante esas acusaciones la Presidencia del Gobierno comunicó oficialmente que la tesis “Innovaciones de la diplomacia económica española” había sido analizada por dos programas universitarios que detectan los plagios, y que se había comprobado su originalidad. Un medio digital, eldiario.com, acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo de altos funcionarios de carrera, al que le pedía, al amparo de la “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno” que le exigiera a Sánchez pruebas de que había empleado, como afirmaba, los programas Turnitin, de la Universidad de Oxford, y PlogScon, referencia en Europa.
El Consejo aceptó la demanda, le solicitó a Sánchez pruebas de esos test y comprobó que su afirmación era falsa. Lo que devuelve a la opinión pública dudas sobre la honorabilidad, al menos académica y sobre el valor de su doctorado; en otras democracias, como la alemana, casos más leves fueron causa de dimisión inmediata.
