ENTREVISTA

Luis Míguez: "La ley no fue pensada para los pequeños concellos, que tienen menos medios"

photo_camera El catedrático Luis Míguez.

El Catedrático de Derecho Administrativo de la USC estará en el Foro La Región sobre la Ley de Contratos

Uno de los protagonistas del Foro La Región sobre la nueva ley de contratos será el catedrático de Derecho Administrativo de la USC Luis Míguez, que reconoce las dificultades que han tenido todos los actores del sector para adaptarse al nuevo escenario, criticando la tramitación acelerada del marco legislativo.

¿Está patas arriba?

No diría tanto, sino que hay un cierto desconcierto por las novedades que obligan a cambiar la manera de enfocar la contratación y está costando, sobre todo en los más pequeños.

¿Ha sido más complicado de lo esperado?

Sí, porque se aprobó fuera de plazo. Como se dictó muy tarde, el período transitorio ha sido breve. De alguna manera, se han encontrado de sopetón con algo nuevo.

¿Influyó en la tramitación la inestabilidad política?

Sí, llegó tarde, y eso ha conducido a que el tiempo de preparación no fuera elevado, algo que notan los pequeños concellos, porque disponen de menos medios.

¿Hay que buscar soluciones específicas para las pequeñas administraciones?

Es una cuestión que se arrastra de otras leyes, que están pensadas para las grandes administraciones, pero no piensan en la situación de los pequeños concellos, especialmente acuciados por la falta de personal para abordar exigencias complejas.

El problema es que dependen de este escenario muchas empresas locales.

Claro, como las universidades, que estaban muy acostumbradas a recurrir al contrato menor para resolver necesidades cotidianas. Beneficiaba también a los pequeños proveedores locales. Esta ley tiene una perspectiva distinta, obliga a planificar actividad recurrente, controla más los contratos menores, pidiendo transparencia. Pero quizá no se ha tenido en cuenta la repercusión en las pequeñas empresas.

Las empresas están preocupadas.

Afecta a los pequeños proveedores locales que trabajaban con contratos menores. Viendo las dudas, la administración paraliza contratos y eso perjudica, pero entiendo que es algo transitorio, se debe ir normalizando.

¿Debemos temer por un colapso?

El tiempo lo irá calmando, todo es cuestión de que esas administraciones adapten su forma de contratar a las nuevas exigencias. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero poco a poco sí. La idea fundamental del legislador es que los contratos previsibles se planifiquen.

En cuatro meses hubo cambios en la norma. No ayuda a dar seguridad.

La ley desde el punto de vista administrativo ha sido muy criticada, es compleja y tiene algunos capítulos redactados de manera ambigua. En los contratos menores, parte del problema es una reducción de los artículos deficiente.El espíritu de la norma es loable, pero desde luego la ejecución no.

¿Es una cuestión exclusiva de España?

Cada país tiene sus peculiaridades. Una ley como la española, con ese grado de complejidad, más larga que el Código Civil, no es normal. Hubiese sido más conveniente elaborar un desarrollo complementario.

La ley provocó un aluvión de licitaciones hasta marzo para sortear el endurecimiento.

Viendo el escenario de incertidumbre, hubo muchísimas contrataciones, al ver el riesgo de que se paralizaran muchos expedientes.

Los órganos consultivos no se ponen de acuerdo en las reclamaciones.

El problema es el artículo de los contratos menores, está mal hecho, deja muchos cabos sueltos. Cuando eso ocurre, es inevitable que haya interpretaciones contrapuestas.

¿Cuesta el cambio de chip?

Pasa siempre, pero si incluso el legislador lo pone difícil, es peor.

¿Espera flexibilidad si surgen problemas?

Debería haber cierta tolerancia para adaptarse al nuevo escenario.

¿Es eficaz para luchar contra la corrupción?

Es una apuesta fuerte por la transparencia y la publicidad para combatir eso.n

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