SERVICIOS

En Marea y PSOE reclaman mantener los registros de la propiedad y el PP agruparlos

La diputada popular Paula Prado explicó que "habrá una unificación funcional" de oficinas que "ya no tenían registrador"

En Marea y PSdeG reclamaron ayer el mantenimiento de los nueve registros de la propiedad que hay en Galicia y que a raíz de un Real Decreto se verán reducidos a oficinas de recepción de documentos. Sin embargo, el PPdeG ha defendido su "agrupación funcional". Esta medida llevaría a que las localidades ourensanas de Bande y Celanova dependerán ahora del registro de Allariz, y Ribadavia, Verín y Viana do Bolo, del de O Carballiño

En sendas comparecencias ante los medios, los parlamentarios socialistas Xoaquín Fernández Leiceaga y Patricia Vilán avanzaron iniciativas en la Cámara para impedir el cierre de un total de nueve registros en las cuatro provincias gallegas. En concreto, la viceportavoz censuró que la Xunta esté "callada" mientras se consuma esta decisión, pese a que comunidades como Cataluña y Andalucía decidirán sobre esa reorganización. "El PP no puede pretender abanderar la defensa del rural cuando suprime servicios públicos esenciales", agregó el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, en una rueda de prensa posterior.

Preguntada al respecto del mantenimiento de los registros de la propiedad en otra comparecencia, la viceportavoz del PP en el Pazo do Hórreo, Paula Prado, aseguró que "no se cerrarán las oficinas" sino que habrá "una agrupación funcional". Y es que, como explicó, ciertos registros "ya no tenían titular porque nadie quería esa plaza" al no ser "atractiva" debido al bajo número de asuntos que se gestionan en esa área, y por tanto eran registradores colindantes los que se hacían cargo. Precisamente esa operativa será la que, como explicó Prado, "consolida" el real decreto. "Los que tengan menos de 1.800 documentos anuales, legalmente están abocados a una fusión funcional", abundó la diputada.

Dicho esto, Prado desdeñó el "ruido" que está haciendo la oposición con este asunto, pese a que las oficinas que ahora se ven afectadas "ya no tenían, de facto, registrador" y seguirán "abiertas al público". "La situación seguirá igual",  zanjó la diputada del grupo popular.

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