Tras finalizar la investigación del caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, ha imputado al médico peruano Carlos Morín y a una docena de sus colaboradores un total de 115 abortos ilegales, realizados más allá de las catorce semanas de gestación y presuntamente practicados en sus dos clínicas en 2007.
Hay que remontarse a 2006 para hablar de esta supuesta trama de abortos ilegales que alertaba sobre interrupciones del embarazo más allá de las siete semanas, así como la práctica a menores de trece años, entre otras cosas. En el auto, la jueza ve indicios de que los acusados pudieron cometer delitos de aborto ilegal, falsedad documental, intrusismo y asociación ilícita. Asimismo, considera que existía una asociación entre todos los imputados de manera permanente y estable para la práctica de abortos sin cumplir ninguno de los requisitos legales.
Fue un reportaje de investigación de la televisión danesa DR la que destapó en octubre de 2006 esta presunta trama de abortos ilegales. El caso generó un gran revuelo en la opinión pública, tras conocerse que el doctor Morín había llevado a cabo supuestamente interrupciones del embarazo más allá de las siete semanas, que también había practicado abortos a menores de trece años, que utilizaba máquinas trituradoras para deshacerse de los fetos. También alertaban que los ginecólogos que trabajaban para el médico peruano cobraban por ello hasta 8.000 euros al mes, y que el Calos Morín, que tiene SIDA, practicaba las operaciones bajo otro nombre.
A finales de 2007, después del registro de TBC y Ginemedex, las dos clínicas de Morín, la Guardia Civil detuvo al doctor, a su mujer y a otros cuatro colaboradores. Más adelante, la juez ordenó la detención de otros siete médicos, los cuales quedaron en su totalidad en libertad provisional.
En el auto hecho público este miércoles, la jueza instructora del caso mantiene que Morín, directa y personalmente o por medio de los médicos que empleaba en sus clínicas, 'practicó intervenciones para la interrupción del embarazo a una pluralidad de pacientes, siendo ilegal en todos los casos', ya que, según la resolución judicial, no se cumplían los requisitos exigidos en la antigua ley: peligro alguno para la vida y salud de la embarazada, violación o graves taras físicas o psíquicas del feto.
En ninguno de los 115 casos que recoge el auto se cumplen tampoco las condiciones de la nueva ley, que entró en vigor en julio de 2010, ya que sigue manteniendo la penalidad de los abortos practicados después de las catorce semanas. La magistrada considera que existía una asociación entre todos los imputados de manera permanente y estable para la práctica de abortos sin cumplir ninguno de los requisitos legales, todos ellos actuando bajo las órdenes de Morín, que controlaba la actividad económica de los centros y podía mantener un elevado nivel de vida.
MODUS OPERANDI
Durante 2007, año en que se produjeron los abortos ilegales, Carlos Morín explotaba las dos clínicas junto a su mujer, también imputada, y tenían como colaboradores al resto de acusados, que ejercían funciones de ginecólogos, anestesistas y psiquiatras. Además, la juez apunta a que Morín disponía de la colaboración de otra de las imputadas, Virudes S.V., que trabajaba como administrativa en una clínica de una antigua socia del médico autorizada para la práctica de abortos a embarazadas de primer trimestre, que le derivaba a todas las pacientes que excedían del límite, cobrando una comisión.
De esta forma, los psiquiatras imputados emitían dictámenes falsos sin visitar a las pacientes en los que certificaban que se encontraban en 'una situación de grave peligro para su salud psíquica', para evitar que el aborto fuera punible en relación al antiguo artículo del Código Penal, ahora derogado.
Tras finalizar la instrucción, la juez ha instado a las acusaciones a que formulen un escrito de acusación para abrir el juicio oral o pidan de forma excepcional la práctica de alguna otra diligencia. Las acusaciones son tanto el Ministerio Fiscal, como las acusaciones particulares Asociación E-Cristians, Alternativa Española, Colegio de Médicos de Barcelona y Centro Jurídico Tomás Moro.
Fue un reportaje de investigación de la televisión danesa DR la que destapó en octubre de 2006 esta presunta trama de abortos ilegales. El caso generó un gran revuelo en la opinión pública, tras conocerse que el doctor Morín había llevado a cabo supuestamente interrupciones del embarazo más allá de las siete semanas, que también había practicado abortos a menores de trece años, que utilizaba máquinas trituradoras para deshacerse de los fetos. También alertaban que los ginecólogos que trabajaban para el médico peruano cobraban por ello hasta 8.000 euros al mes, y que el Calos Morín, que tiene SIDA, practicaba las operaciones bajo otro nombre.
A finales de 2007, después del registro de TBC y Ginemedex, las dos clínicas de Morín, la Guardia Civil detuvo al doctor, a su mujer y a otros cuatro colaboradores. Más adelante, la juez ordenó la detención de otros siete médicos, los cuales quedaron en su totalidad en libertad provisional.
En el auto hecho público este miércoles, la jueza instructora del caso mantiene que Morín, directa y personalmente o por medio de los médicos que empleaba en sus clínicas, 'practicó intervenciones para la interrupción del embarazo a una pluralidad de pacientes, siendo ilegal en todos los casos', ya que, según la resolución judicial, no se cumplían los requisitos exigidos en la antigua ley: peligro alguno para la vida y salud de la embarazada, violación o graves taras físicas o psíquicas del feto.
En ninguno de los 115 casos que recoge el auto se cumplen tampoco las condiciones de la nueva ley, que entró en vigor en julio de 2010, ya que sigue manteniendo la penalidad de los abortos practicados después de las catorce semanas. La magistrada considera que existía una asociación entre todos los imputados de manera permanente y estable para la práctica de abortos sin cumplir ninguno de los requisitos legales, todos ellos actuando bajo las órdenes de Morín, que controlaba la actividad económica de los centros y podía mantener un elevado nivel de vida.
MODUS OPERANDI
Durante 2007, año en que se produjeron los abortos ilegales, Carlos Morín explotaba las dos clínicas junto a su mujer, también imputada, y tenían como colaboradores al resto de acusados, que ejercían funciones de ginecólogos, anestesistas y psiquiatras. Además, la juez apunta a que Morín disponía de la colaboración de otra de las imputadas, Virudes S.V., que trabajaba como administrativa en una clínica de una antigua socia del médico autorizada para la práctica de abortos a embarazadas de primer trimestre, que le derivaba a todas las pacientes que excedían del límite, cobrando una comisión.
De esta forma, los psiquiatras imputados emitían dictámenes falsos sin visitar a las pacientes en los que certificaban que se encontraban en 'una situación de grave peligro para su salud psíquica', para evitar que el aborto fuera punible en relación al antiguo artículo del Código Penal, ahora derogado.
Tras finalizar la instrucción, la juez ha instado a las acusaciones a que formulen un escrito de acusación para abrir el juicio oral o pidan de forma excepcional la práctica de alguna otra diligencia. Las acusaciones son tanto el Ministerio Fiscal, como las acusaciones particulares Asociación E-Cristians, Alternativa Española, Colegio de Médicos de Barcelona y Centro Jurídico Tomás Moro.
