La corrupción tiene un coste que se cifra en miles de millones y lleva consigo un menor crecimiento económico. España sufre además las consecuencias de un elevado fraude fiscal. Pero no hay cifras oficiales
En España, el Estado sigue sin dotarse de al menos un observatorio de la economía sumergida y la corrupción capaz de dar una cifra oficial sobre su verdadero impacto social y económico. Sería una manera de saber dónde hay que colocar el listón en la lucha política contra el dinero B, el narcotráfico y la corrupción. Mientras, se suceden los estudios del sector privado en esta materia, de indudable interés pero sin rango oficial. Por tanto, con menor importancia política. "Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España" es el título del último informe conocido en esta materia, obra de Francisco Alcalá Agulló y Fernando Jiménez Sánchez, publicado por la Fundación BBVA en colaboración con el IVIE. Los autores vienen a decir que si se acabase con la corrupción y se mejorase la calidad institucional se elevaría un 16 % el PIB per cápita en un plazo de 15 años, lo que significaría añadir cada año un punto porcentual al crecimiento de la economía española.
Hay más fuentes en esta materia. El coste social de la corrupción en España –entendido como el impacto en la calidad de vida de los ciudadanos– se ha calculado en 40.000 millones de euros, según la CNMC. Además, el sobrecoste relacionado con la falta de competencia se ha cifrado en unos 48.000 millones de euros. La bolsa de fraude derivada de la economía sumergida se estima, a su vez, en 239.175 millones de euros por parte del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Y el Consejo de Economistas, aun cuando rebaja ese cálculo, sostiene que Hacienda deja de ingresar 26.000 millones al año por el fraude fiscal.
¿Conclusión? El reto de mejorar la calidad de las instituciones de gobernanza no es precisamente trivial. De hecho, si la economía sumergida tributase lo que le tocaba, en estos años de crisis no habría sido necesario ningún recorte y España estaría cerca del equilibrio presupuestario, sin déficit público.
La calidad de las instituciones de gobierno y el control de la corrupción son piezas fundamentales para el desarrollo económico de los países, tanto más cuanto más avanzados son. Es más, como subrayan Francisco Alcalá Agulló y Fernando Jiménez Sánchez, los costes económicos de la corrupción van “mucho más allá del montante de los fondos públicos indebidamente apropiados”, ya que debilitan elementos clave del funcionamiento de la economía.
“La corrupción y la baja calidad institucional reducen los niveles de inversión porque disminuyen la rentabilidad de los proyectos empresariales e incrementan su incertidumbre, desvían recursos humanos y financieros hacia la búsqueda de rentas en lugar de dedicarlos a actividades productivas y desincentivan el emprendimiento y la innovación orientando los esfuerzos hacia la búsqueda de privilegios”, subraya el estudio titulado Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España.
Según el modelo de Francisco Alcalá Agulló y Fernando Jiménez Sánchez, suponiendo que el impacto se produjera a lo largo de un período de unos 15 años, esto significaría una elevación del crecimiento medio anual de la economía durante ese período en torno a 1,2 puntos porcentuales. Según su tesis, la baja calidad de la gobernanza y la corrupción se traducen en menor productividad, mayor desempleo y salarios inferiores a los que serían posibles con mejor entorno institucional.
@J_L_Gomez
