Hace ya nueve semanas, 63 días, que entró en vigor el decreto de estado de alarma. Nueve semanas en las que los españoles hemos quedado confinados en nuestros domicilios, perdiendo algunos de los derechos más elementales: el derecho al trabajo, el derecho a circular libremente… incluso una protesta podía ser tomada como un desacato y sancionada conforme a la “ley mordaza” que este Gobierno tanto había alardeado de que iba a derogar.
El balance no puede ser más desolador y al mismo tiempo decepcionante. Somos el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo. Bélgica, que en su exceso de celo añadió a los muertos diagnosticados aquellos sobre los que se sospechaba que también habían fallecido por covid-19 y que pasa por ser el país con más fallecidos declarados por cada cien mil habitantes, tiene en su fatídico haber menos defunciones que la provincia de Madrid, a la que casi duplica en población.
63 días en prisión domiciliaria a cambio de que el Gobierno tenga libertad y poder absoluto. Un poder que le permitiría tomar medidas extraordinarias, acceder a recursos económicos excepcionales, disponer de todos los medios necesarios con los que armar España contra una pandemia que ha llegado para quedarse y sembrar de muerte el mundo. ¿Y qué ha hecho? En términos de prepararnos para la futura “nueva normalidad”... nada de nada. Eso explica que, pese a que la causa que justificó el estado de alarma, que era la necesidad de aliviar el sistema sanitario (un sistema sanitario que, por otra parte y con la excusa o el miedo al colapso, desatendió pacientes que hubiesen necesitado auxilio inmediato y dejó de diagnosticar casos aparentemente claros de covid-19), ya está resuelta, quiera añadir a partir del 25 de mayo otros treinta días más. ¿Y para qué? ¿Para seguir aplicando la “ley mordaza”? ¿Para seguir añadiendo arbitrariedades y ocurrencias a su plan de acción? Los niños a los supermercados, las mascarillas no son necesarias teniendo un codo hacia el que toser, las tiendas no pueden hacer rebajas porque se van a llenar de gente… Una larga y grave lista de cambios de criterio, ejemplificado a la perfección en las antológicas declaraciones iniciales del más experto de los expertos, Fernando Simón: "Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de un caso diagnosticado". No es de extrañar que no se haga público el nombre de los expertos que los asesoran. Probablemente, si existen, no tienen ni el más mínimo interés de que los identifiquen con esta línea de actuación que no ha dejado de dar bandazos desde el día en que declararon un servicio esencial las peluquerías.
Lo extraño, en realidad, es que no haya habido una avalancha de dimisiones, no ya de los presuntos expertos sino de como mínimo medio gobierno, con ministros diciendo primero una cosa y luego la contraria, otros contradiciéndose entre sí y un presidente alardeando de óptima gestión.
Los españoles hemos dado sobrada muestra de responsabilidad en esta situación de extremo confinamiento, pero el Gobierno no ha estado a la altura ni de las circunstancias ni de nuestro sacrificio. Nos ha tratado como secuestrados, con el encargo a las Fuerzas de Seguridad de que nos abroncasen con un lenguaje intolerable y amenazante como el de las comunicaciones de la Agencia Tributaria. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los agentes, víctimas también de este despropósito, han mostrado más sentido común y sensibilidad hacia los ciudadanos que quienes les daban órdenes, casi siempre confusas. Nuestros gobernantes se han comportado como un grupo de meros burócratas que viven alejados de la realidad social y económica del país que gobiernan. No saben de comercio, solo así se explica que quisieran prohibir las rebajas a nuestras tiendas. Ni de hostelería, ni de turismo, ni de otras muchas actividades cuyas competencias fueron transferidas hace años a las comunidades autónomas. A pesar de ello, las han ninguneado y así se han equivocado una y otra vez.
El Gobierno se ha acomodado en la dictadura del estado de alarma y en su ánimo está prolongarla tanto como le sea posible porque sabe que al final de la misma tendrá que rendir cuentas. Y no le saldrá gratis que después de 63 días nos encontremos prácticamente igual que el 14 de marzo: con el 95 por ciento de la población expuesta a futuros contagios, el 97 por ciento en el caso de la provincia de Ourense.
63 días son suficientes. Los daños de ese confinamiento también son extremos y ahora que el sistema sanitario está libre de colapsos es momento de recuperar nuestra libertad, de apelar al civismo, hacer pedagogía y dar a la ciudadanía las instrucciones profilácticas necesarias pero concediéndole un holgado margen de confianza, sin dejar de sancionar con rigor a quienes incumplan las normas de distanciamiento personal y protección y que pongan en peligro la vida de los más vulnerables. De recuperar la actividad económica de todos los sectores productivos, de preparar a la sociedad para convivir con una enfermedad como en la década de 1980 se la preparó para convivir con el sida, un virus que pese a haber causado ya más de 37 millones de muertes en los últimos cuarenta años todavía no tiene vacuna.
La cuarta prórroga finaliza el 24 de mayo y serán 70 días de estado de alarma. Está claro que no es tiempo suficiente para que los españoles hayamos conseguido la inmunidad frente al coronavirus. Pero ha sido tiempo de sobra para demostrar que un gobierno instalado en la impunidad del poder absoluto puede llegar a causar más daño que la propia pandemia.
Y para colmo de males, a Ourense le ha tocado gestionar esta pandemia con su principal núcleo de población gestionada por un alcalde llamado Jácome. Si alguien del Gobierno tiene a bien irse tras este fiasco, por favor, complete la faena y lléveselo también.
