Según los últimos datos que emite el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo que depende del Ministerio de la Presidencia y cuyo fin es el estudio y conocimiento científico de la sociedad española, las cinco principales preocupaciones de los españoles son, por este orden, el paro, los políticos, la economía, la corrupción y la sanidad. Más allá figuran los problemas sociales, la independencia de Cataluña, la inmigración, las pensiones o la violencia contra las mujeres. No parece que los españoles de base, esos a quienes el CIS llama periódicamente para entrevistarles, les preocupe aparentemente, la natalidad. Tampoco a los de por arriba parece importarles. La prueba está en que ninguno de los dos últimos reyes se ha referido a este asunto en ninguno de sus discursos que cada Navidad pronuncian ante toda España.
Pese a ello, las proyecciones de población realizadas por el INE para el periodo comprendido entre el año 2016 y 2066, plasman la magnitud del problema. En octubre de 2016, el organismo establecía que, de mantenerse las actuales tendencias, la población descendería de forma ininterrumpida a partir de 2017 y, en los siguientes quince años, “España perdería 552.245 habitantes y dentro de 50 años, el descenso sería de más de 5,3 millones”. La cuestión llega a ser tan dramática, que en la actualidad la natalidad española ha caído a cifras de la posguerra. El primer semestre de 2018 cerró con 46.590 muertes más que nacimientos en España según los datos del INE, unos datos que no se registran desde 1941, después del conflicto que sumió al país a unas condiciones calamitosas. Sin embargo, las cifras actuales se igualan a aquellas, a pesar de que hoy la calidad de vida y las condiciones de bienestar y progreso son infinitamente más favorables.
Es por ello por lo que expertos sobre el tema alertan que nues-
tro problema actual más acuciante no es el paro sino, precisamente, la natalidad. La sostenibilidad de nuestro actual sistema de pensiones ha quedado fatalmente golpeada por la fortísima destrucción de empleo vivida en los últimos años, si bien, sería un error pensar que la recuperación del mismo fuera la solución a los problemas. La cuestión laboral, no baladí, empequeñece frente a otra que ya ha empezado a amenazar al sistema de pensiones, pudiendo considerarla el gran problema socio-económico de España en el siglo XXI: el envejecimiento y la tendencia a la baja de la población y, por tanto, la escasez de contribuyentes para poder mantener el estado de bienestar.
O se fomentan políticas no ideologizadas que mejoren la vida de las parejas, incentiven la natalidad y mejoren la conciliación laboral, o de ninguna forma habrá cotizantes suficientes capaces de hacer frente al pago de las pensiones, cada vez más elevadas y prolongadas, dado que felizmente España se encuentra entre los países con mayor esperanza de vida del mundo.
