El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que repercutirá en un incremento de la velocidad de Internet y una reducción de los precios, al tiempo que simplifica el despliegue de redes y adapta la legislación a los avances que ha vivido el sector.
La normativa, que actualiza la vigente desde 2003, recupera la unidad de mercado, marca las bases para la inversión en redes ultrarrápidas y móviles y favorece el desarrollo futuro de la economía digital, considerado por el Gobierno como uno de los pilares económicos con más potencial de crecimiento en España. El proyecto de ley busca, por tanto, resolver todas aquellas cuestiones que penalizaban la competitividad de los operadores de telecomunicaciones.
Según el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se trata de una ley 'muy necesaria' teniendo en cuenta la evolución que ha experimentado el mundo de las telecomunicaciones en los últimos diez años y de vital importancia para un sector clave en la generación de actividad económica, inversiones y empleo.
Para reforzar la competencia y los servicios, Industria mejorará los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protección de datos personales y la privacidad, estableciendo un régimen sancionador y facilitando el cumplimento de las obligaciones de los operadores.
También se simplifica la actuación de las Administraciones Públicas, se crea una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencia, se refuerza la potestad sancionadora de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y se refuerza la ley de garantía de unidad de mercado.
Entre las modificaciones consideradas en la ley se refuerza también el control del dominio público radioeléctrico y se revisan aspectos de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
La normativa reclasifica las infracciones -ya que algunas actuaciones estaban excesivamente castigadas- y crea algunas nuevas.
Según el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se trata de una ley 'muy necesaria' teniendo en cuenta la evolución que ha experimentado el mundo de las telecomunicaciones en los últimos diez años y de vital importancia para un sector clave en la generación de actividad económica, inversiones y empleo.
Para reforzar la competencia y los servicios, Industria mejorará los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protección de datos personales y la privacidad, estableciendo un régimen sancionador y facilitando el cumplimento de las obligaciones de los operadores.
También se simplifica la actuación de las Administraciones Públicas, se crea una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencia, se refuerza la potestad sancionadora de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y se refuerza la ley de garantía de unidad de mercado.
Entre las modificaciones consideradas en la ley se refuerza también el control del dominio público radioeléctrico y se revisan aspectos de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
La normativa reclasifica las infracciones -ya que algunas actuaciones estaban excesivamente castigadas- y crea algunas nuevas.
