La instrucción judicial que comenzó el 5 de marzo de 2015 con los pinchazos telefónicos a policías sospechosos de colaborar con traficantes llega a su fin. La Zamburiña cambia de pista.
La investigación de la operación Zamburiña, esa que mete a traficantes de droga y policías nacionales en el mismo saco, llega a su fin. Macerada en 24 tomos, el juez instructor, Leonardo Álvarez, está dando salida a las últimas peticiones de los abogados, paralizadas durante meses por la huelga en la Xustiza. Está próximo el auto en que delimita las imputaciones y da vía libre al Ministerio Público para acusar. Es decir, enfila el asunto para ser juzgado ante la Audiencia provincial. A estas alturas, tras una instrucción declarada compleja, ya nadie duda que habrá juicio. "Lo contrario serían muchas alforjas para tan poco viaje", ironiza un abogado presente en la causa.
En el marco de esta trama, son 16 las personas que hasta la fecha ha tenido la condición procesal de investigadas. Cuatro de ellas, policías del exgrupo de estupefacientes de la Policía Nacional a los que la unidad de Asuntos Internos (la que investiga la corrupción en ese cuerpo) puso bajo su lupa por presunta connivencia con traficantes a mediana escala. En el caso de Josefa P.G., “Pucha”, una vieja conocida entre policías y ladrones, con antecedentes por tráfico de drogas desde 1988.
Pero la operación Zamburiña va más allá de una macrocausa con demasiados imputados. Es una cumbia en la que el juez instructor y la fiscal del caso se han movido de forma acompasada desde el primer minuto, cuando se autorizaron los pinchazos telefónicos (marzo de 2015). Un baile observado con recelo por los mandos de la Comisaría, la propia plantilla (a través del SUP) y el principal grupo de la investigación, la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV). Sus pesquisas exoneran a los cuatro policías del anterior grupo de drogas: reconocen mala praxis en el trato con confidentes, pero ahí se queda todo. Y atribuyen a tres amigos, también policías, el robo de seis armas y el anónimo enviado a Asuntos Internos (el documento que ponía sobre la mesa irregularidades en el seno de la comisaría).
La Policía Judicial de Ourense considera que los gemelos Roi y Bernardo D.L. junto al malogrado Celso Blanco trazaron un plan aliñado con una vinagreta de pruebas falsas para perjudicar a una serie de compañeros. El hip-hop sin estribillo que baila la jueza Eva Armesto (Instrucción 3).
La magistrada, a quien la fiscalía ha dejado sola en la pista, sigue los pasos de la Policía de Ourense. Y viceversa. Por esta razón, detuvo el 19 de enero de este año a los hermanos por, entre otros delitos, el robo de armas, los anónimos enviados a la prensa y hasta el presunto asesinato de Blanco el 9 de abril de 2016. Y ello, pese a que la sustracción de las pistolas y el asunto de los anónimos eran la coreografía de otros (juzgados).
Aunque su compañero de pasillo, otra vez Leonardo Álvarez, quiso pasarle el procedimiento por el robo de armas, el mismo que acaba de archivar hace unos días, la Audiencia lo echó para atrás. Cada juzgado, con su propio baile.
Trama policial
Álvarez cree en la Zamburiña. O lo que es lo mismo, cree que hubo policías, dirigidos por Antonio R.F., exjefe del grupo, que dieron cobertura a determinados traficantes. Principalmente a Pucha, quien contaba con una red de pisos y colaboradores en Covadonga. Pero también a otros como José Ramón R.R. "Tronquito", Fátima M.J. o José V.V. "Josito".
El fin, según la investigación, "operaciones exitosas con repercusión mediática para conseguir reconocimiento y recompensas corporativas". En ese quid pro quo, Pucha conseguía "la eliminación de competencia en la venta de estupefacientes" así como "consejos sobre la forma de actuar en las recepciones, evitando actuaciones policiales".
El magistrado, a lo largo de la instrucción, ha querido dejar de lado el peso del anónimo que recibió Asuntos Internos en noviembre de 2014, alertando de una trama de corrupción con nombres, apellidos y hasta motes. Son varias las voces que invocan una nulidad de actuaciones en base a que los pinchazos telefónicos se autorizaron en base a un anónimo cuya credibilidad quedó en entredicho por su finalidad espuria.
La propia fiscal del caso, en respuesta a un incidente de nulidad planteado por dos de los policías, apoya al juez. Recuerda que la Audiencia desestimó en 2016 una petición previa porque las escuchas no se basaron en el anónimo sino en un oficio de 4 de marzo de 2015, con anexos incluidos, en que Asuntos Internos daba cuenta del inicio de la investigación y aportaba indicios delictivos. Desde entonces, el togado ha sido la única policía a la que ha sacado a bailar.
Durante la instrucción de la Zamburiña, no le han faltado amigos policías, pero son de Madrid. Y cierto es que la capital puede antojarse lejana desde el edificio judicial de una pequeña ciudad. Pero, más de dos años después, el procedimiento de la veintena de tomos, por fin, cambia de pista.
Los números de la trama
La Zamburiña, en alusión a los proveedores de la costa -"Josito", uno de ellos-, ha sumado 16 personas investigadas (es probable que alguna quede apeada en el auto de procedimiento abreviado). Pero las diligencias están salpicadas de números. El 10 de noviembre de 2015 se practicaron 12 registros domiciliarios. Los agentes se incautaron de 5.330 gramos de cocaína; 1.204 de hachís, 1.056 de heroína; 52,4 de marihuana y 81.906 euros. Datos que permitieron a los agentes que realizaron las incautaciones sacar pecho: "En una sola intervención de registros domiciliarios puntual se intervino más de doble de droga que la incautada en prácticamente todo un año por el grupo de estupefacientes dirigido por Antonio R.F.". La droga y el dinero incautados revelan, a su juicio,"la comodidad en la que se acomodaban los traficantes detenidos dada la protección dispensada por los funcionarios policiales".
