El caso de la multa al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por aparcar en la Praza Maior, cuyas alegaciones fueron resueltas por él mismo tras haber sido instruidas por un funcionario de carrera, seguirá dando que hablar.
Los grupos de la oposición recibieron una comunicación firmada por la concejala de Seguridad Ciudadana, María del Mar Fernández Dibuja (DO), en la que se denegaba el acceso a la información del expediente de la estimación de alegaciones a la multa, desestimando la petición de PSOE y BNG para acceder al mismo, por contener "datos personales de caráceter policial y/o procesal" que podrían vulnerar derechos contenidos en el Reglamento Orgánico de Gobierno y Organización.
Sin embargo, el decreto en el que se retiraba la multa de Jácome se incluyó en el orden del día del pasado pleno. Y el artículo 10 del citado reglamento expone que "cando se trate do acceso de calquera concelleiro á información e a documentación correspondentes estarán obrigados a facilitar a información sen necesidade de que (...) acredite estar autorizado cando se trate de acceso (...) á información e á documentación correspondente aos asuntos que haxan de ser tratados polos órganos olexiados dos que formen parte". En este caso, los ediles participaban en un pleno en el que el punto de la multa estaba en el orden del día, por lo que la oposición considera que tiene derecho a acceder a los mismos.
