TRIBUNALES

"Overbooking" en el banquillo

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photo_camera Los magistrados que formarán sala para enjuiciar a Paspallo y también la Operación Aleta.

A partir del lunes, cientos de personas volverán a pulular por los pasillos y salas de vistas del edificio judicial de O Couto y las notificaciones entrarán de nuevo a los despachos. Comienza el nuevo curso judicial. 

Arranca septiembre y los juzgados, paralizados prácticamente durante todo agosto, vuelven a la vida. Laboral. La actividad que se despliega en los juicios que se celebran en todas las jurisdicciones se traduce en cientos de personas transitando por pasillos y salas de vistas del edificio judicial de O Couto. Las oficinas comienzan a notificar, y subirse al ascensor al primer toque vuelve a ser una tarea digna de paciencia.

También regresan las vistas orales a la sección Penal de la Audiencia de Ourense con los asuntos que quedaron aplazados a petición de las partes o por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia.

> La primera será el día 10 con José Fernández Blanco, alias Paspallo, como protagonista. Está acusado de abusar de su hija y maltrato familiar entre finales de 2013 y marzo de 2015. El fiscal sostiene que el inculpado se valía de una cuerda, un palo, el cinturón o incluso una escoba para golpear a los niños. La fiscal, quien le atribuye tocamientos a la hija, reclama 10 años y medio de cárcel, así como la privación de la patria potestad. Por su parte, el abogado del aludido reduce la denuncia "al afán de revanchismo de algún familiar".

> El ex alcalde de Verín y ex vicepresidente de la Diputación Santiago Cid Harguindey será juzgado el día 13 por apropiación indebida en el contexto de su actividad empresarial. La acusación particular, un exsocio de la empresa Mirador de Monterrei S.L, ve administración desleal.

El fiscal pide año y medio de prisión porque, según su versión, recibió en calidad de administrador único de la sociedad limitada la cantidad de 1.960 euros que le entregó V.R.B. en concepto de devolución por liquidación de cobro de la valoración de una fincas realizadas el 12 de junio de 2008. Según la fiscal, el inculpado, no ingresó esa cantidad en las cuentas. El inculpado lo niega.

> Hasta 10 acusados se sentarán en el banquillo entre el 17 y el 25 de este mes dentro de la llamada Operación Aleta, una macrocausa con una pieza principal de 20 tomos que comenzó a instruirse en el Juzgado mixto de Trives en 2010 a raíz de una investigación de la Guardia Civil por estafas a las compañías de seguros al simular accidentes de tráfico entre los años 2006 y 2011. En un primer momento, entre detenidos e investigados, el Instituto Armado cercó a 50 personas.

Según el fiscal Mario Brualla, el fraude alcanza los 350 mil euros. Sitúa en la cúspide de la trama a Santos Álvarez, el propietario de un taller de compraventa y reparación de la avenida de Celanova en A Valenzá (Barbadás). Para él pide la condena más dura, hasta 13 años de cárcel, por 36 hechos delictivos (siniestros simulados), a los que añade falsificación de documento mercantil y receptación.

Jorge Temes, el abogado de Álvarez, sostiene que en la instrucción penal se conculcaron derechos fundamentales. De hecho, reclama la nulidad de la declaración como imputado de su cliente, prestada en el juzgado el 4 de febrero de 2011, en la que Santos llegó a entonar el mea culpa.

Asimismo, cree que cabe aplicar la nulidad al auto de intervención telefónica (comenzó en noviembre de 2010) "por falta de motivación y desproporción en la medida cautelar".

Por último, invoca la nulidad de los autos de entrada y registro de los inmuebles de Santos Álvarez tanto en la avenida de Celanova como la vivienda de O Fonsillón (Ourense). "La Guardia Civil de forma unilateral y sin permiso judicial decidió el precinto de los inmuebles el día 1 de febrero de 2011 y procedió al registro en O Fonsillón el día 3 sin autorización judicial", recoge Temes en su escrito de defensa. 

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