CAMINO AL 12-J

Pacto para la gestión pública del centro de discapacitados

Representantes políticos y miembros de Procapd, tras la firma del acuerdo (MIGUEL ÁNGEL).
photo_camera Representantes políticos y miembros de Procapd, tras la firma del acuerdo (MIGUEL ÁNGEL).
La plataforma Procapd recibió el apoyo en sus reivindicaciones de la oposición al gobierno del PP

La plataforma Procapd convocó a los partidos políticos participantes en esta campaña electoral para suscribir un acuerdo de la gestión pública del anhelado centro de atención a personas adultas con diversidad funcional que tendrá  Ourense en 2021, solicitando que sea llevado directamente por trabajadores públicos y no por una entidas social  sin ánimo de lucro –como prevé la Xunta, que garantiza " un centro público con plazas públicas"–. La convocatoria fue atendida por el PSOE (estuvo Marina Ortega), BNG (Noa Presas), Ciudadanos (José Araújo), Galicia en Común (David Bruzos) y Marea Galeguista (Milagros Corral), además de las organizaciones sindicales, que firmaron u compromiso en el caso de llegar al poder en los próximos comicios. Los cabeza de lista provinciales de las formaciones acompañaron a los padres y madres del colectivo en la firma de un acuerdo para exigir al Gobierno autonómico la construcción la instalación.

"Fai catro anos, todos os partidos que ían ó Parlamento firmaron un manifesto onde se comprometían a que o centro ía ser xestionado con funcionarios públicos. Despoís, o partido que goberna na Xunta botouse atrás. Non foi claro, non se atreve a dicir a palabra 'sí'. Hoxe non están aquí, aínda que foron invitados", señaló Elena Domínguez, portavoz de Procapd, en alusión al Partido Popular, ausente en la firma.

Discriminación

Arropados por padres, madres y familiares de los adultos con diversidad funcional, los firmantes coincidieron en la urgencia de este proyecto. "Neste tempo pasaron moitas cousas. Entre otras, a pérdida de algún dos nosos nenos. Pero seguiremos loitando para ter o que merecemos como provincia, que é un CAPD de xestión directa, como teñen A Coruña, Lugo e Pontevedra", explicó Domínguez haciendo hincapié en la discriminación que sufre la provincia.

El acuerdo firmado apuesta por el inicio inmediato de las obras, la máxima celeridad para sacar a concurso el suministro y el equipamiento del centro, y que este gestionado por trabajadores públicos de la Xunta. "O necesitamos o antes posible. Sería inadmisible sufrir máis retrasos", lamentó Elena Domínguez.

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