El pasado lunes, en Moncloa se reunió todo un núcleo duro. El presidente, la portavoz en el Congreso, la vicepresidenta, el director de Comunicación, la ministra de Justicia y el jefe del gabinete. Una reunión política pura y dura. No cabe imaginar un mayor rango. Realmente, la decisión que se iba a tomar lo merecía. No se trataba en Moncloa de adoptar una decisión jurídica porque a tenor del currículum de los presentes no había ningún experto en derecho penal. No necesitaban tener conocimientos jurídicos para tomar una medida política y analizar sus consecuencias.
El armazón jurídico lo puso la Abogacía del Estado, órgano de la administración dependiente del Ministerio de Justicia encargado de asesorar al Ejecutivo así como a organismos y entidades. Además tiene "la representación y defensa del Estado" ante "el Tribunal Constitucional y tribunales de todo orden jurisdiccional". Esto significa que es obligado que en el caso del "procés" la Abogacía del Estado se persone. Y eso es lo que hizo desde el primer momento para hacer lo que siempre se ha hecho: defender los intereses tributarios del Estado, de ahí que en el escrito de agosto su posición quedara resumida a la malversación de fondos públicos. No solo no entró a hablar de ilícitos penales -salvo la malversación- sino que insto al tribunal que se iniciara el proceso con los delitos atribuidos por la Fiscalía: malversación y rebelión. El hoy presidente también lo tenía claro.
Será el Tribunal sentenciador quien va a tener la última palabra. El asunto va a tener mucho recorrido y el final de la historia está por escribir. Lo único que tiene que quedar claro es que el Tribunal nunca podrá condenar por más de lo que solicite el Ministerio Fiscal. La rebelión de hoy puede acabar, o no, en sedición. Hay que esperar.
Lo sorprendente del asunto es que la Abogacía del Estado -algunos de sus miembros no ocultan su malestar- haya consentido meterse en semejante jardín. ¿Qué necesidad tenía de convertirse en penalista? Resulta asombroso el paso dado por el Gobierno. No satisface a los independentistas, cosa que ya sabían. Provoca, como también sabían, las críticas de la oposición y de quienes son sus socios en el Parlamento. Debilita a la Fiscalía y lo que es peor de todo: desconcierta. Cabe preguntarse qué es lo que de verdad piensa el presidente.
¿Por qué se da este paso? Lo fácil es decir que había pacto con los independentistas. No, no ha habido pacto alguno. ¿Por qué este gesto? Algunos sospechan que es el paso previo a posibles indultos que, dicho sea de paso, no lo tienen por qué solicitar los directamente afectados. Terceros también pueden hacerlo. ¿Quién garantiza a Sánchez que va a estar en Moncloa cuando estos eventuales indultos pudieran concederse?
A día de hoy y con los datos ya contrastados el famoso "gesto" para lo único que ha servido, de momento, es que, hasta donde alcanza la memoria, la Abogacía del Estado enmienda la plana nada menos que al Tribunal Supremo. Lo nunca visto, pero tan esperado como incomprensible por su esterilidad. Hoy sí que sí, el Gobierno, por propia voluntad, está más solo que hace una semana. Incomprensible.
