El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Senado ha registrado una Proposición de Ley de modificación de la Ley General de la Seguridad Social para conseguir que los hijos de todas las víctimas mortales de la violencia de género, incluidas las que no hubieran cotizado, puedan recibir una pensión íntegra de orfandad y mantenerla hasta los 25 años si están estudiando o trabajan por menos del Salario Mínimo Interprofesional.
La iniciativa ha sido presentada este miércoles en el Senado por las senadoras del grupo Celia Cánovas y Vanessa Angustia y la diputada nacional de Podemos Carolina Bescansa, en una rueda de prensa en la que han incidido en que se trata de una cuestión "de dignidad, de justicia y de derechos humanos" que ningún grupo parlamentario tendría argumentos para rechazar.
Conforme ha explicado Cánovas, para que la mujer asesinada genere la pensión de orfandad absoluta estando el padre vivo, se exige que haya cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social o se encuentre en una situación asimilada al alta en el momento del homicidio, "cosa que por desgracia no ocurre en la mayoría de los casos porque precisamente la falta de incorporación al mercado laboral es una manifestación más de la violencia machista".
"Muchos familiares de madres acudían a la justicia para pedir pensiones por este motivo. Queremos paliar esta carencia de la ley y que no se exija ningún tipo de requisito sino sólo que la mujer haya sido asesinada y el padre naturalmente esté vivo y en prisión. Queremos minimizar el dolor de las víctimas, que a la perdida de su madre y ver que su padre la ha matado, suman graves penurias económicas, depender en la mayor parte de los casos de la familia materna o pasar a hogares de acogida", ha destacado la senadora de En Comú Podem.
Según la proposición de Ley registrada, se trata de establecer que el asesinato de una mujer por violencia de género, independientemente de la situación laboral en que ella estuviera y aunque el padre siga vivo, genere una pensión absoluta de orfandad sobre todos los hijos que en ese momento sean menores de 25 años y no ganen más del SMI.
El texto detalla que estas pensiones "no estarán sujetas en cómputo anual a los límites de reconocimiento inicial y revalorización" que establece la ley y su mínimo mensual equivaldrá al "triple del indicador público de renta de efectos múltiples vigente en cada momento".
Además, especifica que esto se aplicaría a todos los hijos de víctimas de violencia de género que ya perciben pensión de orfandad, elevando las cuantías con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
En total, la formación calcula que harán falta 3,8 millones de euros para ponerlo en marcha y beneficiaría a "cientos de niños y niñas", por lo que considera que se trata de "una medida ambiciosa en la teoría pero no en la práctica". "Estamos seguros de que el coste económico no va a ser el problema y de que en el marco del pacto de violencia de género va a haber predisposición en el resto de los grupos", ha añadido Angustia.
Bescansa ha incidido en que se trata de que "las hijas e hijos de mujeres asesinadas tengan derecho a una pensión digna que les ayude en la medida de lo posible a recomponer su vida". "Luchar contra el machismo es luchar en muchos frentes diferentes y entender a las mujeres víctimas implica reconocer el papel de sus hijos, que también son víctimas y merecen el mismo tratamiento y ese apoyo reforzado por parte del Estado", ha destacado.
Según ha dicho, "este es el ojetivo a corto plazo, a largo, es proceder a una modificación del marco cultural de nuestro país que acabe con todas las manifestaciones de violencia machista". Sobre este asunto, Angustia ha avanzado que la proposición de Ley "es sólo el principio".
"Queremos demostrar que se puede hacer muchísimo más y que desde el poder legislativo, nuestos responsables públicos no han hecho todo lo que se podía hacer. Este es el principio de una campaña y el principio del fin de las violencias machistas en el Estado", ha sentenciado la senadora de En Marea. |
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