No va a ser elegido presidente a través de la fórmula democrática de someterse al designio de una sesión parlamentaria de investidura, pero Carles Puigdemont, si se cumplen sus pronósticos, será de facto el que mande en Cataluña, a pesar de que presume de dar un paso al lado provisional. En la misma comparecencia en la que anunció ese ficticio paso al lado, anunció que el candidato de Junts y ERC era Jordi Sánchez, dando por hecho que sería el elegido por el Parlament. A las pocas horas, desde ERC se advertía que Sánchez no contaba con el apoyo de su formación, que era un asunto a tratar con Junts y el PDeCAT y que si se autoexcluía Puigdemont lo lógico era que se apoyara como candidato a quien había sido su número dos, el exvicepresidente Junqueras.
Pero aún hay otro nombre más en cartera, Jordi Turull, exconsejero y al que Puigdemont considera la persona más adecuada para responsabilizarse de la gobernabilidad en el día a día. En el diseño realizado en las reuniones mantenidas en la mansión de Waterloo, se prevé un presidente con residencia en Bruselas que tomará todas las decisiones de gobierno, incluidos los nombres de los miembros de ese gobierno y sus más importantes iniciativas; un segundo presidente elegido en el Parlament, Jordi Sánchez, que se encuentra en prisión. Y un tercer presidente, Jordi Turull, el único que podrá moverse en libertad por Cataluña, que supuestamente ejecutará las decisiones que se le transmitan desde Waterloo y desde la prisión madrileña de Soto del Real.
El único comentario a esta situación anómala, dantesca, es “pobres catalanes”. Se comprende que sean tantos los que dicen abiertamente que desean con todas sus fuerzas que se mantenga la vigencia del 155, porque en caso contrario la inestabilidad política está garantizada.
Apoyos internacionales
Los independentistas disimulan con una supuesta euforia el desconcierto ante la situación que se avecina, mientras que el gobierno de Rajoy expresa su satisfacción por lo que consideran una derrota de Puigdemont al reconocer que no puede ser investido presidente como pretendía.
Para detenerlo hay que utilizar armas que van más allá de la Justicia y del 155, realmente efectivas como se ha comprobado en los últimos meses, porque solo se puede debilitar al expresidente fugado menguando sus apoyos. El CEO catalán advertía la semana pasada que disminuye el número de independentistas de forma considerable, pero su capacidad de movilización, así como su fuerza ideológica muy bien instrumentalizada a base de interpretaciones sesgadas -o abiertamente falsas- de la ley y de los derechos ciudadanos, obligan a diseñar el futuro teniendo en cuenta que más de un millón de catalanes respaldan sin fisuras a Puigdemont y a sus planes, aunque eso pase por ser gobernados por tres presidentes, todos ellos en situación anómala.
La euforia de Puigdemont se contrarresta con hechos constatables, que son los que dan esperanza a los constitucionalistas respecto al futuro de Cataluña. En primer lugar, ha perdido las simpatías internacionales que pudo tener en algún momento, solo le quedan apoyos de partidos minoritarios muy concretos, y no siempre se trata de apoyos incondicionales. Ha caído tanto en el ridículo, en el esperpento, que incluso en su incondicional NVA flamenco ya se escuchan voces que advierten sobre el peligro de seguir apostando por Puigdemont.
Por otra parte, con su actitud ha echado abajo la defensa de sus antiguos colaboradores, que pretendían eludir la prisión declarando ante el juez Llarena que se mantendrían dentro de la legalidad renunciando a sus antiguas iniciativas en pro de la independencia. Puigdemont provoca la continuidad del 155, lo que contradice su propio discurso que defiende el autogobierno, y va en contra de quienes desean recuperar el gobierno de la instituciones catalanas.
Pensión del ex presidente
Puigdemont, que ha dejado de tener contratado a Paul Bekaert como abogado porque no ve peligro de que el gobierno español pida su extradición, empieza sin embargo a mostrarse menos cauto ante la larga mano de la Justicia española, que de momento no actúa contra él porque se encuentra fuera de su jurisdicción, pero está atenta a cada uno de sus pasos para actuar contra aquellos que acaten las instrucciones de Puigdemont.
Todo lo relacionado con el Consejo de la República va a ser analizado con lupa por los jueces, por si sus miembros pudieran actuar al margen de la ley.
También las decisiones que emanen de Waterloo deberán asumirse con la máxima prudencia, pues si se dan órdenes al nuevo gobierno –cuando lo haya- se puede producir usurpación de funciones por parte de Puigdemont y su equipo en Bélgica, delito tipificado en el Código Penal. Por otra parte, todo lo relacionado con la financiación de la infraestructura que piensa crear Puigdemont para dirigir de facto el gobierno de la Generalitat desde Bélgica, estará bajo la inspección de las autoridades españolas para actuar de inmediato ante la sospecha de que se produzca malversación de fondos públicos… que afectaría al equipo de Puigdemont en Bélgica y al propio Puigdemont, pero también a los miembros del gobierno catalán que respaldaran financiar a quienes se refugian en Bélgica.
Puigdemont, aunque se expresa con la euforia propia de quienes se dejan llevar por la egolatría,en sus momentos de lucidez no debe tener tan claro que les vayan a cuadrar las cuentas. No se quedará sin la ayuda de Matamala, el empresario amigo que se hace cargo de todos sus gastos desde que huyó a Bruselas, pero si crease una fundación, como pretende, sus patronos también podrían cometer delito si no se cumplieran estrictamente las condiciones económicas que rigen para cualquier fundación. Es la razón de que haya reconocido finalmente que va a pedir su pensión de expresidente, pero para disfrutar de ella deberá cumplir varias condiciones: la principal, asumir que ha cesado como presidente -es lo que explica su “paso a un lado”- ,y lo segundo es solicitarla al gobierno de Cataluña… que en este momento es el de Rajoy.
En su escenario de tres presidentes, Rajoy ya ha advertido que no desactivará el 155, lo que significa que Puigdemont no podrá pedir su pensión de expresidente hasta que renuncie a esa fórmula de gobierno que no convence más que a los muy fanáticos. Probablemente no convencería siquiera a Turull en el caso de que saliera adelante la jugada de Puigdemont, porque significaría que asumiría todos los riesgos de ser un presidente independentista, pero ninguna de sus ventajas porque no sería más que el firmante de las órdenes que le llegaran desde Waterloo. Incluso ni eso, porque si no es investido tampoco podrá rubricar como presidente las leyes que hayan aprobadas por el Parlament.
