El Gobierno está convencido de que la reforma de la administración local respeta escrupulosamente los estatutos de autonomía y asume que dicha ley supondrá la pérdida de empleo público por los reajustes que acarreará la desaparición de mancomunidades, entes locales y empresas municipales.
Así lo explicó en una entrevista el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que confía en que la reforma que el viernes remitió el Gobierno al Consejo de Estado esté 'en plenitud de ejecución' a finales de 2013.
'Uno de los ejes de la norma es el respeto de las competencias que los estatutos de autonomía tienen encomendados', dijo Beteta, que recordó que durante los nueve meses que se negoció la reforma local con los principales partidos y los ayuntamientos también se contactó con los gobiernos regionales. 'Lo que hoy el Gobierno entiende que es como debe redefinirse el sector local -aseveró- se adecúa a los estatutos de autonomía y a la Ley de Estabilidad Presupuestaria'.
Beteta puso como ejemplo de ese respeto a la normativa autonómica que en el caso de las comarcas 'se las respeta e integra dentro de lo que son las provincias', lo que tiene un 'encaje perfecto' en la ley, al igual que ocurre en su opinión con los consells insulares en Baleares o los cabildos en el caso de Canarias. Admitió que la reforma local también traerá consigo la pérdida de empleo público al prohibir a los municipios crear nuevos entes, obligarlos a sanear o disolver los existentes y suprimir los que dependan a su vez de otras entidades.
REAJUSTE LOCAL
'Sin duda habrá un reajuste en el sector local', avanzó Beteta, quien confía en que parte de ese personal pueda incorporarse a los servicios centrales municipales, si bien reconoce que otra parte de esos puestos de trabajo 'tendrán que desaparecer'. 'Hay que tener en cuenta que esta norma prevé en los próximos dos años un ahorro superior a los siete mil millones de euros' que implicará, según el secretario de Estado una mayor eficiencia 'que puede traer consigo una disminución del personal que está al servicio del conjunto de las administraciones publicas locales'.
El Gobierno no teme 'en absoluto' que el hecho de que se limiten los sueldos en las administraciones locales y el número de ediles con dedicación exclusiva pueda 'en ningún caso' justificar un aumento de los casos de corrupción en ese ámbito. 'Eso no tiene nada que ver con la retribución. Con retribuciones más altas ha ocurrido y ocurrirá también con las más reducidas, pero para eso está la Ley', dijo Beteta.
A su juicio, las diputaciones están preparadas para asumir las nuevas funciones que contempla la reforma local. 'Cuando se transfiere una competencia se transfiere un recurso y cuando un ayuntamiento no presta un servicio sus medios económicos y humanos se incorporan a la propia institución provincial'. Además, las instituciones provinciales ya coordinan el trabajo de los pequeños ayuntamientos y además están integradas por alcaldes y concejales 'que son los grandes conocedores del mundo local'.
Una vez tramitada por el Consejo de Ministros y remitida al Consejo de Estado como paso previo a su remisión a las Cortes, el Gobierno pretende seguir dialogando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para intentar mejorar el texto.
Según Beteta, la ley está acordada con la FEMP 'en muchos y buenos aspectos' y ahora se remitirá a la Comisión Nacional de Administración Local donde la discutirán 'y se terminarán de perfilar los aspectos en los que no hay consenso'.
A partir de ahora, el Ejecutivo pretende que sea una ley 'muy debatida' en el ámbito parlamentario ya que hay muchos alcaldes y concejales que también son senadores y diputados 'y tienen mucho que aportar' hasta que se apruebe la norma 'en octubre o noviembre'.
'Uno de los ejes de la norma es el respeto de las competencias que los estatutos de autonomía tienen encomendados', dijo Beteta, que recordó que durante los nueve meses que se negoció la reforma local con los principales partidos y los ayuntamientos también se contactó con los gobiernos regionales. 'Lo que hoy el Gobierno entiende que es como debe redefinirse el sector local -aseveró- se adecúa a los estatutos de autonomía y a la Ley de Estabilidad Presupuestaria'.
Beteta puso como ejemplo de ese respeto a la normativa autonómica que en el caso de las comarcas 'se las respeta e integra dentro de lo que son las provincias', lo que tiene un 'encaje perfecto' en la ley, al igual que ocurre en su opinión con los consells insulares en Baleares o los cabildos en el caso de Canarias. Admitió que la reforma local también traerá consigo la pérdida de empleo público al prohibir a los municipios crear nuevos entes, obligarlos a sanear o disolver los existentes y suprimir los que dependan a su vez de otras entidades.
REAJUSTE LOCAL
'Sin duda habrá un reajuste en el sector local', avanzó Beteta, quien confía en que parte de ese personal pueda incorporarse a los servicios centrales municipales, si bien reconoce que otra parte de esos puestos de trabajo 'tendrán que desaparecer'. 'Hay que tener en cuenta que esta norma prevé en los próximos dos años un ahorro superior a los siete mil millones de euros' que implicará, según el secretario de Estado una mayor eficiencia 'que puede traer consigo una disminución del personal que está al servicio del conjunto de las administraciones publicas locales'.
El Gobierno no teme 'en absoluto' que el hecho de que se limiten los sueldos en las administraciones locales y el número de ediles con dedicación exclusiva pueda 'en ningún caso' justificar un aumento de los casos de corrupción en ese ámbito. 'Eso no tiene nada que ver con la retribución. Con retribuciones más altas ha ocurrido y ocurrirá también con las más reducidas, pero para eso está la Ley', dijo Beteta.
A su juicio, las diputaciones están preparadas para asumir las nuevas funciones que contempla la reforma local. 'Cuando se transfiere una competencia se transfiere un recurso y cuando un ayuntamiento no presta un servicio sus medios económicos y humanos se incorporan a la propia institución provincial'. Además, las instituciones provinciales ya coordinan el trabajo de los pequeños ayuntamientos y además están integradas por alcaldes y concejales 'que son los grandes conocedores del mundo local'.
Una vez tramitada por el Consejo de Ministros y remitida al Consejo de Estado como paso previo a su remisión a las Cortes, el Gobierno pretende seguir dialogando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para intentar mejorar el texto.
Según Beteta, la ley está acordada con la FEMP 'en muchos y buenos aspectos' y ahora se remitirá a la Comisión Nacional de Administración Local donde la discutirán 'y se terminarán de perfilar los aspectos en los que no hay consenso'.
A partir de ahora, el Ejecutivo pretende que sea una ley 'muy debatida' en el ámbito parlamentario ya que hay muchos alcaldes y concejales que también son senadores y diputados 'y tienen mucho que aportar' hasta que se apruebe la norma 'en octubre o noviembre'.
