Varias empresas que han realizado obras públicas del Concello de Ourense entre 2017 y 2018 no han cobrado diferentes facturas emitidas en tiempo y forma dado que el interventor municipal, Gonzalo Alonso, se retrasó en la tramitación administrativa pertinente, al no realizar la fiscalización de las mismas antes del 30 de noviembre del pasado año, fecha en la que el presupuesto habilitado perdía su vigencia.
Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, las facturas que estaban sobre la mesa del interventor municipal antes del plazo del 30 de noviembre para continuar su periplo administrativa ascendían a un importe conjunto que rondaba el millón de euros, cantidad que contribuyó a engordar la denominada "cuenta 413" que el Concello todavía no ha podido saldar, pese a haber dado un primer paso validando inicialmente una modificación presupuestaria de algo más de 9,2 millones de euros.
Aunque los expedientes relativos a las facturas que quedaron pendientes de abono llegaron a la mesa de Gonzalo Alonso en diferentes momentos, son reseñables algunos casos de procedimientos con el visto bueno ya en octubre o principios de noviembre, que no recibieron la conformidad del interventor, tardando hasta dos meses en devolver la factura, explicando únicamente que no había fondos. Según fuentes municipales, el funcionario no emitió informes o diligencias, tal y como establece la legislación, sino que formuló observaciones.
Consecuencias
En el caso de las constructoras encargadas de las actuaciones englobadas en el plan de inversiones, algunas de las empresas han optado ya por la vía judicial para reclamar el pago de las facturas bloqueado por el interventor municipal, un escenario que puede suponer, además, un desembolso mayor al previsto inicialmente por el Concello, que se enfrentará al abono de intereses de demora y a las costas judiciales, con cantidades que pueden ser reseñables, explican fuentes consultadas, dado el volumen de las facturas emitidas. Además, las otras compañías también podrían reclamar intereses por la tardanza en recibir los fondos.
Así, el gobierno municipal ha dado cuenta ya en algunas de las reuniones semanales que mantiene los jueves del personamiento en estos procedimientos judiciales, como sucedía por ejemplo el pasado 5 de septiembre, cuando la junta de gobierno, tal y como recoge el acta de la reunión, se daba por informada del procedimiento interpuesto por la empresa Elecnor "contra a inactividade do Concello por impago de 318.664 euros" por facturas de obras en Zaín y Reza.
Otras facturas
Aunque las cantidades más abultadas en facturas corresponden a trabajos realizados por constructoras dentro del plan de inversiones, el comportamiento del interventor municipal también afectó a pagos del Plan de Voluntariado, que también tuvieron que incluirse en la "cuenta 413", ya que Gonzalo Alonso las devolvió el 27 de diciembre al servicio realizando una observación de que necesitan ser subsanadas, algo inviable por los plazos.
Los incumplimientos de plazos por parte del interventor del Concello llevaron a a un edil del anterior gobierno municipal a solicitar la incoación de un expediente disciplinario ante la Dirección Xeral de Administración Local, al entender que está desarrollando su trabajo de manera inadecuada. Esa petición continúa sobre la mesa del organismo autonómico para evaluarla.
