El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a Alcoa que reconsidere su decisión de despedir a 534 trabajadores de su planta de San Cibrao, en Lugo, y que ofrezca una respuesta distinta capaz de mantener las capacidades productivas en la comarca, sobre todo después de haber recibido "una cantidad de millones de ayudas" por parte del sector público en los últimos años.
En declaraciones a `La Sexta` recogidas por Europa Press, el presidente ha avanzado que el Gobierno ya está hablando con los sindicatos y con la multinacional productora de aluminio para "exigirle" un mayor compromiso con Galicia.
Sánchez ha pedido a la empresa estadounidense que decida sobre su futuro en el país y que, en el caso de que no se comprometa con las comarcas donde está presente, que deje paso a otras empresas para que inviertan e inyecten capital en el mantenimiento de las capacidades productivas y el empleo.
El presidente se ha referido a la "cantidad de millones" que Alcoa ha recibido por parte del Estado en los últimos años, tanto bajo gobiernos socialistas como del Partido Popular, por lo que cree que el país se merecería una reconsideración y una respuesta distinta a la que está dando.
Devolución de las ayudas
En concreto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado en varias ocasiones que la multinacional ha recibido varias ayudas y subvenciones vinculadas a los costes indirectos del dióxido de carbono (CO2), que ha cifrado en 800 millones de euros.
A este respecto, la empresa ha explicado que ha recibido subvenciones en los mismos términos y condiciones que otras industrias, valorando el importe de todas las ayudas acumuladas en los últimos 10 años en menos de 43 millones de euros.
La compañía cree que esta diferencia en los datos se trata de un "malentendido", ya que, respecto a la retribución por los servicios de interrumpibilidad, a juicio de Alcoa "no son ninguna ayuda", por lo que considera que "no cabe devolución alguna".
"Es una contraprestación por un servicio que se presta al sistema nacional de distribución de energía eléctrica para garantizar el suministro de energía eléctrica o mitigar el precio eléctrico", indica la empresa.
En este sentido, Maroto ya ha anunciado que exigirá a Alcoa la devolución de todo este dinero, más los intereses de demora, si la empresa no es capaz de cumplir con su compromiso de garantizar el empleo en su planta de Lugo, una de las condiciones para haber recibido esas ayudas.
Situación "insostenible" para la empresa
A finales del pasado mes de mayo, Alcoa anunció el despido colectivo de un máximo de 534 empleados de esta planta de aluminio primario, aludiendo a que su producción es "ineficiente" y a que cuenta con una situación "insostenible" con motivo del alto precio de la energía en el país.
El año pasado, Alcoa ya vendió las otras dos fábricas que tenía en España, la de A Coruña y la de Avilés (Asturias), al fondo suizo Parter Capital, argumentando las mismas razones que ahora, tras un proceso de negociaciones que duró más de medio año y en el que participaron todas las administraciones y agentes sociales para alcanzar una alternativa para el mantenimiento del empleo.
