Imprimir

Seguridad jurídica económica y laboral

Benito Iglesias |

Benito Iglesias | 22 de junio de 2020

Eliminar trabas burocráticas, facilitar las inversiones finalistas, no derogar la actual reforma laboral y garantizar la seguridad jurídica y fiscal. Así podríamos sintetizar las conclusiones finales de la cumbre empresarial "Empresas españolas liderando el futuro", liderada por CEOE. Todas ellas conclusiones con las que coincido y que he defendido desde esta misma columna en cuantiosas ocasiones. Pues bien, esta es la letra de la partitura económico-empresarial, ahora falta el respaldo y la voluntad del legislador -en formato colaboración público-privado-, para poner en marcha la orquesta y que no desafine. Ya veremos si nuestros políticos multicolores están a la altura de las circunstancias de la reconstrucción económica-social de nuestro país, aunque soy bastante escéptico en este punto, en fin.

Pero si hay algo que ya no es permisible económicamente para este país es el aumento del gasto en empleo público. Sencillamente porque desde el sector privado ya no damos más. A día de hoy, España cuenta con 2.597.712 empleados públicos, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Ello supone un incremento del número de empleados públicos del 0,75% en la comparativa interanual.

De los 2.597.712 empleados públicos contabilizados, el 19,7% (512.767 efectivos) pertenecen al sector público del Estado, mientras que el 58,29% (1.514.126) presta servicio en las comunidades autónomas y el 21,97% (570.819) en las entidades locales. Todo ello con una deuda pública que acabará este año en torno al 115% del PIB. Para reflexionar...

En conclusión: el envejecimiento de la población, el aumento del paro y el abultado peso del sector público ha aumentado aún más la brecha entre los ciudadanos que obtienen sus remuneraciones del mercado y quienes las obtienen de las administraciones. Y esto no es soportable fiscalmente en un escenario económico debilitado y complejo. El descenso del consumo es notorio, y lo va a ser mucho más en los próximos meses. Se están cargando a la clase media, autónomos y microempresas, y así es muy difícil salir de esta espiral en la que nos han metido con sus continuados errores de gestión y planificación.

Y en este contexto tengo, irremediablemente, que volver la mirada hacia mi ciudad, Ourense. Y ¿qué veo? Pues un año totalmente perdido. Un querer y no saber ni poder. Un gobierno municipal para olvidar, pero que los ourensanos se lo han ganado a pulso hace ya un año. Pero también debemos hacer memoria y recordar cómo se ha llegado a esta dantesca y esperpéntica situación. Y hemos llegado tras cuatro años de gobierno municipal pésima, ineficiente e ineficazmente "gestionado" por un egocéntrico pluriempleado público -aun lo es a día de hoy- que paralizó, y hundió, la ciudad de Ourense como nunca jamás se había visto. Y este "pluriempleado con dineros de todos" es el principal responsable de que vinieran los que están ahora, para darle la puntilla final a esta ciudad.

Y como guinda final nos topamos con un subdelegado del Gobierno y un "líder de la oposición municipal" que ya es el no va más de los despropósitos. En definitiva, nos ha tocado lidiar con "lo peor de lo peor".

Puede ver este artículo en la siguitente dirección https://www.laregion.es/opinion/benito-iglesias/seguridad-juridica-economica-laboral/20200621221235954429.html


© 2020 La Región

© La Región S.A.

Contenidos con licencia Creative Commons