España es el tercer país de la OCDE con una plantilla pública más envejecida, es decir, mayores de 55 años
¿Se imaginan si la próxima vez que van a una oficina del ayuntamiento o de otra administración le atiende un robot o simplemente una pantalla más o menos inteligente que le dé respuesta a su demandas? Pues parece que quizá ya no esté tan lejano ese momento con los cambios que Europa quiere promover para optimizar resultados y futuro en las administraciones públicas.
La innovación en este país se consideraba siempre cosa del sector privado. Y de empresarios avispados o simplemente un “poco locos”. Empresarios que innovan motivados por la supervivencia en el mercado y la “lucha” contra la competencia en un mundo cada vez más cambiante.
Esa motivación no existe en un sector público que se le presupone una pervivencia en el mercado que el privado no se puede permitir. Pervivencia permitida por el cobro de impuestos (que se pueden subir siempre que el aparato administrativo lo necesite como hemos visto en esta crisis) y por una legislación monolítica que ningún partida puede (quiere) cambiar.
Se calcula que el sector público supera el peso del 40% del PIB; es decir, que casi la mitad de nuestra economía no puede, no desea, o no le interesa innovar. Pues vamos mal, ya que el otro 60% a duras penas innova y dispone de recursos, capacidades o intereses para innovar.
Pero todo cambia y entre los cambios de la crisis se debe tener en cuenta la percepción del gasto público y de qué le debo exigir a las administraciones en su eficiencia y gestión adecuada diaria por parte de los ciudadanos.
En este contexto, las administraciones deben ser cada vez más eficientes y por tanto la innovaciones empiezan a ser un factor clave del proceso de gestión de servicios y en la generación de productos de nivel de gestión. Una innovación entendida no solo como un factor tecnológico si no como un conjunto con tres campos: técnico, social y económico,como así lo entienden estudiosos como Peter Drucker.
Tiempos de cambio
Este cambio implica que las Administraciones deben estar atentas y sensibles a los cambios en las necesidades de la sociedad, sobre todo no pueden poner trabas o impedimentos cuando los ciudadanos soliciten o pidan un servicio público o la pervivencia en las tramitaciones de multitud de fallos, como por ejemplo la falta de información por parte del solicitante del servicio público que en este caso es el ciudadano. Así lo indica el Instituto para la Innovación de las Administraciones Públicas, el cual también afirma que “la Administración Pública tiene que adaptarse a los cambios sociales y, en general, a todo tipo de cambios que haga que la relación entre ciudadano-administración cambie y que la Administración Pública tenga los mecanismos necesarios y optimizados para poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos”.
A nadie se le escapa que la Administración pública es una pieza clave en una sociedad avanzada. Y una Administración moderna, ágil y eficiente es determinante para lograr una sociedad con mayores cotas de bienestar y de calidad de vida. Para lograr alcanzar estas metas, la Administración actual necesita creatividad e innovación. Por desgracia estas pretensiones chocan con una Administración que la crisis y las medidas políticas han dejado en cuadro, sin recursos adecuados y con pocos técnicos superiores (como si en el paro no hubiera suficientes) en sus filas.
Y, ¿cuál es el resultado? De una parte generamos tecnología para que los escalones más bajos de la administración tengan menos carga de trabajo, pero de otra parte no contratamos personal superior para la toma de decisiones de proyectos de mayor nivel.
Y si hablamos de liderazgo para innovar, en este punto todavía estamos lejanos de conseguir los objetivos deseados, más allá de actos políticos con pretensiones de ocupar portadas que de verdaderos cambios en el entramado de la Administración y de la sociedad a la que sirven.
Aun así, el cambio está en camino y es un cambio para quedarse donde las administraciones deben ser ágiles en sus servicios y eficaces en su gasto, pero a la vez deben ser canalizadores de cambios reales en la sociedad. Una nueva administración que asuma la tecnología como una herramienta de cambio que favorece la adopción de enfoques abiertos, inclusivos y colaborativos en la definición e implementación de la acción pública. O dicho de otra manera: que el “cliente-ciudadano-contribuyente” detecte que la Administración deja de ser un “elefante” para convertirse en una “gacela” capaz de adelantarse a la demanda de clientes y administrados.
¿Se imaginan que se acaba “el este trámite no es en esta ventanilla”?
