El escenario presupuestario no ofrece una perspectiva muy esperanzadora sobre el estado del bienestar
Las cuentas del Estado marcan un nivel de récord para el año 2018, con una cifra total de 233.508 millones de euros, un 6,4% más que el año anterior, sin duda una cifra muy elevada en relación a los valores de la última década. Según los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio, presentados en el Congreso de los Diputados, el aumento de los ingresos del Estado se debe a la subida prevista para los ingresos tributarios, con un 11,6 % más, hasta los 117.814 millones, mientras que los ingresos no tributarios descenderán un 7,7 % hasta quedarse 23.493 millones. Los ingresos tributarios totales alcanzarán los 210.015 millones, una cifra que representa un 8,3 % más que la recaudación de 2017, siendo el líder el IRPF, que aportará 82.056 millones, un 6,5 % más. El IRPF e IVA son los pilares de un sistema tributario que ha pasado de recaudar el 21,5% del PIB al 34% en 40 años.
Es decir, que el Estado cada vez recauda más por la vía de la presión fiscal y alcanza ya un 34% del PIB. Esta cifra refleja el tercer nivel más alto de la historia en 40 años, solo por detrás del 2006, el año punta de nuestra economía donde se recaudó un 36,7% del Producto Interior Bruto; y del año 2004, con una cifra del 35,9%. Son datos que quedan lejos del 22% de la década de los 70 y principios de los 80.
La presión fiscal ha subido a medida que el Estado ha ido creando una Agencia Tributaria moderna y capaz de recaudar de forma ágil. Es decir, Hacienda somos todos, como decía el eslogan de la agencia allá por el año 1978. Aún así nuestra agencia no es de la más “acaparadoras” ya que se encuentra nueve puntos por debajo de la media de Europa en nivel de recaudación. Algo muy propio de los países del sur, ver Italia o Grecia en sus niveles de recaudación.
¿QUIÉN PAGA LA CUENTA?
Pero la realidad es tozuda y la recaudación todavía no llega. Y eso que hemos mejorado mucho, solo decir que el año 2017 hemos terminado con un déficit público del 3%, objetivo que nos marcó Europa y que hemos cumplido por primera vez de forma concreta y sin “atajos” y triquiñuelas fiscales del señor Montoro y su equipo.
Además, en el conjunto de buenas noticias fiscales de nuestro Estado, debemos sumar que España termina el último año en superávit primario. El saldo primario refleja la diferencia entre los gastos y los ingresos sin tener en cuenta los intereses de la deuda. En concreto, La administración central cerró el primer semestre del año con un superávit primario de 114 millones.
Apenas representa el 0,01% del PIB, pero es la primera vez que sucede desde 2008. El mérito de este rebaje debemos indicarlo a los “concellos”, que son los que han realizado el gran esfuerzo de esta situación. En contra, las comunidades, en mayor medida siguen siendo las grandes gastadoras de un Estado poco moderado en el gasto final.
Además, las cuentas indican que para el año 2018 el nivel de déficit primario será menor por primera vez en más de 10 años. Pero los datos son insuficientes en un Estado con una deuda pública que alcanza un valor cercano al 100% del PIB, y un pago de intereses de al menos unos 25.000 millones año, y donde las previsiones a medio plazo hablan de que se preven en los próximos años que se reducirá, pero muy lentamente.
Les cuento todo esto por que no quiero ser alarmista, pero los número no dan para mantener el llamado estado del bienestar, es decir un estado con criterios de gasto social. A pesar de los éxitos en la recaudación, y la mejora en las tasas de paro, los datos no son halagüeños. Por ejemplo, el sistema de la Seguridad Social, con su caja única, tiene dificultades para mantenerse en el futuro con el modelo actual.
La verdad, si pretendemos cumplir con los requisitos que hemos firmado y ratificado con nuestros socios europeos de austeridad y buen rigor en los presupuestos, y a la vez queremos cumplir con nuestras exigencias de buen socio de la OTAN y por tanto invertir en nuevos medios militares una inversión de unos 10.000 millones en pocos años, mal veo el desarrollo social en su conjunto.
Y todo esto con la autoexigencia de invertir en sectores de infraestructuras y una mayor cobertura de protección social en un país quebrado socialmente por la crisis. Es decir, que si queremos que “nadie se quede atrás” el Estado debe ser capaz de subir pensiones, sueldos de funcionarios, gasto social y apoyar el desarrollo económico y todo sin subir impuestos. Bueno, mientras suba el PIB todo va bien, pero cuando caiga deberíamos tener los deberes hechos. Es decir, decidir de forma consensuada qué modelo de Estado queremos y podemos tener, o dicho de otra manera, qué partes del Estado sacrificamos para tener una buena sanidad, educación o pensiones adecuadas.
