El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha enterado de que tendrá que testificar en el ‘caso Gürtel’ en persona porque el tribunal no ha accedido a que su declaración fuera realizada a través de videoconferencia. “Estoy a lo que digan los tribunales”, ha reiterado como cuando se enteró de que iba a ser el primer presidente del Gobierno en ejercicio en comparecer en un proceso, que en este caso afecta a la supuesta financiación irregular de su partido. El tribunal no ha tenido en cuenta las excusas sobre su trabajo de despacho, agenda y las cuestiones relativas a su seguridad para que su comparecencia no sea “virtual”. Se dará así además una pátina de normalidad a la acción de la justicia, tan necesitada de demostrar su independencia, cuando las actuaciones del PP van al copo en los nombramientos en los órganos judiciales en los que se instruyen sus casos de corrupción.
En el marco de la cumbre hispano-lusa, Mariano Rajoy ha comunicado su intención de no convocar una reunión de partidos constitucionalistas para hacer frente al desafío secesionista, que está acelerando sus preparativos del referéndum de autodeterminación. Es una decisión acertada. Una reunión de partidos constitucionalistas que respondiera a la realizada el pasado lunes por los partidos independentista daría toda la imagen de la creación de dos frentes y no contribuiría en nada a evitar la imagen del choque de trenes. La conversación entre Rajoy y Pedro Sánchez, que concluyó con el compromiso del líder socialista de permanecer, sin fisuras, al lado del Gobierno en la defensa de la unidad de España y de la soberanía nacional, no tendría que dar lugar a ningún debate interesado. Pero hay quienes a este pronunciamiento le sacan punta y lo mezclan con la posición de Sánchez en favor de la plurinacionalidad, concepto que se podría hacer coincidir con el reconocimiento de las singularidades de determinados territorios y la diferencia entre nacionalidades y regiones que establece la Constitución.
Los resultados de la cumbre entre ambos países no pueden ser considerados sino positivos para ambos porque parten de la realidad insoslayable de que se trata de dos gobiernos sumamente europeístas que están dispuestos a caminar juntos hacia Bruselas para solicitar el reconocimientos de proyectos transfronterizos que benefician a ambas partes y entre las que no hay el menor atisbo de recelos, sino el deseo de contribuir al desarrollo común, a lo que se une la voluntad de resolver los problemas bilaterales y fronterizos.
Pero la cumbre también ha servido para evidenciar la existencia de dos modelos distintos sobre el desarrollo económico, por cuanto en el país vecino gobierna una coalición de socialistas y comunistas que ha sacado al país del procedimiento de déficit excesivo –lo que no ha ocurrido todavía con España- y como han reconocido tanto Rajoy como el primer ministro portugués, Antonio Costa, España y Portugal crearon dos terceras partes de los nuevos puestos de trabajo en los dos últimos años en la Unión Europea. Es decir, no hay solo una política económica posible, como se empeñan en decir los portavoces del Gobierno, que obviaron el sufrimiento causado a los portugueses por la intervención de la “troika”, y que aplicaron recetas similares en nuestro país con el rescate del sistema financiero.
