Hace pocos días tuvo lugar en Madrid la gala de de las Top 100 Mujeres Líderes de España, de este año. Un evento que elige al centenar de mujeres más influyentes del país en distintos ámbitos, distribuidos en diez categorías: académica, cultura, directivas, empresarias, función pública, medios, pensadoras y expertas, revelación y emprendedoras.
Sin duda resulta imprescindible identificar y reconocer la valía de las mujeres que han conseguido llegar a los sillones donde se toman las decisiones. Son 100 nombres propios, algunos muy conocidos como Ada Colau, Manuela Carmena, Purificación García o Julia Otero y otros más anónimos, pero no menos importantes, por su trabajo en los ámbitos científicos o en el mundo empresarial. Cada edición deja un centenar de caras femeninas que se sitúan en lo más alto del poder político, económico, cultural o empresarial. No hay duda de que ellas actúan como un faro que nos avisa de que el éxito no es un terreno reservado a los hombres, aunque a ellas les cueste más llegar.
Sin embargo tampoco hay duda en que estas cien mujeres que cada año son elegidas como las voces femeninas con mayor peso y poder no son, ni representan, a las millones de empleadas, autónomas, profesionales, agricultoras, trabajadoras del mar y del rural que viven a diario las dificultades para optar en igualdad de condiciones, no sólo a ocupar un puesto de mando en su empresa, sino simplemente a conseguir el puesto de trabajo o a cobrar el mismo salario que ellos. Y entiéndaseme bien, no quiero hacer aquí un ejercicio de populismo a la venezolana (con todos mis respetos a mis compatriotas latinoamericanos. No se trata de echarles en cara -con el gusto amargo del resentimiento- que ellas pertenezcan a una grupo privilegiado. Se trata de, al tiempo de reconocer la necesidad obvia de hacer valer el talento en estas cien elegidas, no perder de vista que son millones las que no figuran ni lo harán nunca en una lista de tops pero son, o al menos deberían ser, las protagonistas prioritarias de las políticas de igualdad.
Las grandes empresas son las que pueden cumplir los planes de igualdad, las que pueden aplicar las directrices de responsabilidad social corporativa, las que pueden abordar el peliagudo problema de la conciliación laboral. Pero no olvidemos que en este país el 99% del tejido son pymes, es decir, empresas de entre 0 y 250 trabajadores. Más aún, tengamos presente que en España el 95,8% son microempresas, es decir, que cuentan en su plantilla con entre 0 y 9 empleados. En estas condiciones parece difícil pensar que la igualdad y la paridad sean objetivos prioritarios para estos empresarios. No lo son, a menos que se motive y se incentive desde la Administración.
Enhorabuena a las cien elegidas y en particular a las cinco gallegas que nos representan, pero no perdamos de vista el objetivo: igualdad de oportunidades para todas.
