El Tribunal Superior de Xustiza de Ourense considera que el partido judicial de Ourense precisa un nuevo juzgado y la Audiencia provincial otro magistrado. El pleno de la Sala de Gobierno acaba de aprobar su propuesta de creación de nuevos órganos judiciales en la comunidad gallega para este 2020, el primer paso encaminado a solucionar las necesidades más urgentes planteadas desde cada territorio, aunque la última palabra la tiene el Gobierno central planificando los recursos.
En el caso de Ourense, se precisa una plaza de magistrado en la sección primera de la Audiencia provincial (civil) y un nuevo juzgado de instancia (el número 8) para así dar exclusividad a Familia (número 6) o incluso al Mercantil (número 4) dado el elevado número de asuntos que tramitan al asumir competencias de forma exclusiva pero no excluyente.
La propuesta del TSXG, que incluye siete juzgados más y cuatro plazas en Audiencias provinciales gallegas, será estudiada en la próxima reunión de la Comisión Mixta (formada por el TSXG y la Xunta) para elevar una propuesta conjunta al Gobierno central teniendo en cuenta las unidades que el Ministerio de Justicia esté dispuesto a crear para esta anualidad en Galicia.
La primera sección de la Audiencia (civil) sufrió en gran medida el pasado año los efectos de la huelga de funcionarios de 2018. El pasado año ingresó 1.090 apelaciones, con una pendencia al término del tercer trimestre de 778 asuntos, lo que alargó hasta los 12 meses el tiempo de respuesta. La urgencia de desatascar esta sección hizo que la sala de gobierno aprobara una comisión de servicios con relevación de funciones (exclusividad para ese órgano) pero falta el visto bueno del Ministerio de Justicia.
Por su parte, las cifras de ingreso del Juzgado de Familia se mantienen en números próximos a los 2.000 asuntos. En el año 2016, ingresó 2.036 pasando a 2.058 en 2017 y 2.029 en 2018. Junto a los asuntos propiamente de Familia, ese juzgado también tiene atribuida competencia en materia de incapacidades y otros procedimientos civiles (jurisdicción voluntaria).
La tendencia ha ido aumentado: 1.125 asuntos sin resolver en 2016, que se convirtieron en 1.363 al inicio de 2017 y continuaron subiendo hasta los 1.600 en 2018, alcanzando los 2.272 al final del primer semestre de 2019.
El TSXG, ante el colapso que sufre, acordó un refuerzo (efectivo desde el 2 de octubre y prorrogado hasta abril de 2020) a través de una comisión de servicios sin relevación de funciones que desempeña el titular de Instrucción 2.
