El Gobierno central respondió a las preguntas de PP, BNG y Vox en el Congreso sobre el suceso del pasado 28 de julio, cuando un tren de mercancías descarriló a pocos kilómetros de la entrada a la estación de Sobradelo en Valdeorras y dos vagones terminaron en el Sil. Las críticas de los partidos y de la Xunta, además de distintas plataformas ecologistas, no se hicieron esperar. El Gobierno señala ahora, con la investigación aun abierta, que "no se ha producido ningún tipo de filtración al medio ambiente" al no sufrir desperfectos las cajas de grasa de los vagones y el impacto en el lecho fluvial ha sido "mínimo". Apunta, además, que en las actuaciones de encarrilamiento "ha primado siempre la seguridad y la salud de los trabajadores, que podía verse comprometida por las condiciones de inestabilidad y por la situación del material siniestrado".
ADIF, añade, ejecutará los trabajos necesarios "de restauración del entorno" hasta su "completa restauración".
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de O Barco abrió diligencias para determinar si hubo delito medioambiental y, en caso afirmativo, depurar responsabilidades y subsanar los daños ocasionados.
Actuaciones de Adif
Adif mantiene abierta una investigación, en las que también participó Renfe, para documentar "todas las circunstancias que condujeron a la caída de los vagones". Adif se compromete a revisar todos los protocolos para reforzar los controles en tanto el Gobierno se plantea proponer al Ministerio de Transportes una modificación normativa para que el servicio sea más respetuoso con el medio ambiente y dotar al servicio de un seguro de responsabilidad civil ante posibles daños ambientales.
