Gerardo Seoane no ejecutó, de manera unilateral, la concesión a Bilbomática, adjudicada en noviembre de 2014 por Jiménez Morán
Medio centenar de ayuntamientos de todo el país aparecían este martes en el punto de mira de la opinión pública después de que la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, ordenase la entrada y registro en varias casas consistoriales, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones Gespol S.L (integrada actualmente en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales), que habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.
Uno de los que aparecían como investigados era el pontevedrés de O Grove, concello gallego que al igual que el ourensano de Verín había adjudicado en su día la gestión de varios radares y el control de las multas de tráfico generadas por ellos y por los semáforos de "foto en rojo" a la matriz de la ahora investigada, la compañía Bilbomática, S.A.
Sin embargo, aunque O Grove sí llegó a poner en marcha la concesión a la unión temporal de empresas Bilbomática-Veicar O Grove, el Concello de Verín, pese a haber adjudicado el 12 de noviembre de 2014 a Bilbomática-Veicar Verín, Unión Temporal de Empresas el contrato para la realización del servicio para el suministro, instalación y mantenimiento de elementos para el control de la seguridad vial en el Concello de Verín; la llegada de Gerardo Seoane al grupo de gobierno frustó la puesta en marcha del servicio de radares que Juan Manuel Jiménez Morán había concedido solamente seis meses antes de que cayese en las urnas, en mayo de 2015.
Precisamente esa decisión del actual grupo de gobierno supuso al Concello de Verín acabar en los tribunales el pasado 11 de enero de 2018, al conocerse la demanda que Bilbomática Veicar Verín UTE interpuso contra la decisión unilateral del Ejecutivo local de no llevar a efecto el contrato de concesión adjudicado en la etapa del popular Jiménez Morán, reclamando una indemnización máxima de casi un millón de euros por los costes "ya efectivamente asumidos más 631.384,41 euros por el beneficio dejado de obtener".
En el caso concreto de Verín, el alcalde Gerardo Seoane y en declaraciones a este diario, justificaba claramente la decisión de su grupo de gobierno afirmando que "ese contrato, lejos de tener un efecto positivo para la ciudadanía, supondría esquilmar los bolsillos de los verinenses hasta en 18 millones de euros en cuatro años, como así considera la propia adjudicataria en su demanda, la que percibiría el 35 por ciento de las sanciones cobradas, esto es, más de 6 millones de euros en cuatro años por la instalación de dos radares y algunos sistemas de detección de vehículos que saltan semáforos en rojo. Era un negocio más del anterior gobierno", apuntaba en marzo.
En el caso del concello de O Grove, su alcalde, el socialista José Antonio Cacabelos Rico, aseguró que el ayuntamiento de la localidad "ya no está vinculado a día de hoy" con la empresa investigada. El regidor explicó que el anterior gobierno -formado por un tripartito con alcalde del PP- contrató, a través de un concurso, a la empresa Bilbomática, que pertenece a la compañía investigada, para la gestión de semáforos con control "foto rojo". En este sentido, ha reiterado que se trató de una contratación "del anterior mandato" y, tras vencer la concesión, el gobierno socialista no lo renovó.
Falseaban informes para justificar la instalación de equipos de detección
Los hechos investigados en esta macro operación policial de la Fiscalía Anticorrupción podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
En el caso concreto de Verín, que por el momento no está siendo investigado pese a poseer evidentes similitudes con el de O Grove, una de las razones que llevó a la anulación del contrato por parte del grupo de gobierno actual fue, como así lo recoge la empresa investigada en la demanda presentada contra el Concello, "la supuesta redacción de un estudio de tráfico" que lejos de confirmar el presentado por el anterior Ejecutivo para justificar la necesidad de la instalación de radares, reflejaba cifras de siniestralidad menos graves y muy por debajo de las esgrimidas antes de la concesión.
Esa misma tesis la apoyan los investigadores de la Operación "Enredadera", que sospechan de una posible manipulación de los datos de tráfico y siniestralidad para justificar, por ejemplo, la colocación de radares en lugares innecesarios, con una finalidad puramente recaudatoria. La empresa pagaría supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales.
