Resulta difícil no estar de acuerdo con lo que se afirma en el manifiesto firmado por 70 exministros, expresidentes autonómicos y altos cargos de los principales partidos que han tenido presencia en los últimos 40 años de vida política nacional, en el que realizan una defensa cerrada de la labor desempeñada por el rey emérito Juan Carlos I.
Los abajofirmantes son miembros destacados de lo que ha venido en llamarse la “vieja guardia”, en especial del PSOE, guardianes de las esencias de la Transición, de una forma de actuar en la que se anteponía el interés del Estado por encima de los intereses partidistas, en la que se mantenía un acuerdo básico sobre las políticas de Estado, aunque el análisis detallado de lo que ocurrió, más allá de los pactos de La Moncloa, demuestra que no siempre los partidos de la oposición se pusieron en fila india detrás del Gobierno.
Los autores del manifiesto consideran que al rey emérito no se le está aplicando el principio de presunción de inocencia, que nunca se podrá borrar la labor en favor de la democracia y la Nación “so pena de una ingratitud social que nada bueno presagiaría del conjunto de la sociedad española”. A estas alturas nadie pone en cuestión la importancia histórica del rey emérito en que nuestro país se incorporara a la modernidad y la normalidad democrática. Eso no es lo que está en investigación por parte de la fiscalía suiza y en el procedimiento judicial por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Porque las "determinadas actividades" que han generado las críticas al rey emérito están relacionadas con un supuesto delito fiscal y otro de blanqueo de dinero, que nada tienen que ver con su mérito histórico.
Todos los firmantes son eximios representantes del régimen del 78 y del pacto constitucional. Por ese motivo se echa en falta en el texto -pensarán que ya hay otros encargados de subrayarlo, como ha hecho la ministra de Exteriores- una referencia a la independencia judicial, o alguna indicación sobre la ejemplaridad de las acciones privadas, o una defensa expresa del actual rey, Felipe VI, este sí, un rey constitucional porque accedió al trono mediante los mecanismos previstos en la Constitución, sin que se produjera ningún tipo de sobresalto ni vacío legal, o alguna con la labor del Gobierno en defensa del modelo de Estado, documentada en las veces que se ha impedido en el Congreso la apertura de comisiones de investigación sobre el rey emérito, o por las declaraciones de Pedro Sánchez a favor de la estabilidad institucional. Pero para la “vieja guardia” del PSOE y del resto de partidos, el actual presidente del Gobierno es poco de fiar, casi un quintacolumnista en favor de la república.
