EN OURENSE

La Xunta inicia los trabajos para implantar la primera Oficina Judicial a finales de 2017

El nuevo modelo de gestión establece sistemas de trabajo racionales y homogéneos

Ourense será la primera ciudad de Galicia en contar con una Oficina Judicial, un nuevo sistema de organización que apuesta por romper con la configuración clásica de los juzgados, distribuir el trabajo en equipos, la normalización de tareas y la especialización del personal.

El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, ha confirmado este martes en Ourense que la consultora que se encargó de implantar la Oficina Judicial en Andalucía y Valencia estará los próximos dos meses en la ciudad de As Burgas para presentar una "propuesta de modelo" para la ciudad.

"Es una gran oportunidad para Ourense", ha explicado Martín. El director xeral de Xustiza ha insistido en que el proyecto que se presente para Ourense servirá como modelo para testar el funcionamiento de la Oficina Judicial en Galicia y para comprobar si será necesario "hacer cambios".


MOTIVOS PARA LA ELECCIÓN DE OURENSE

Además, Martín ha explicado los motivos que han llevado a elegir Ourense como primera ciudad gallega en contar con Oficina Judicial. Así, ha resaltado "la experiencia muy positiva en el tema de los archivos judiciales" y que los ratios de trabajo "están muy por debajo de los índices aconsejados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

Aunque el proyecto de la consultora estará en dos meses, Martín no ha precisado cuando podría estar en funcionamiento. "Espero que a finales de año tengamos claro cuándo y cómo vamos a ponerlo en marcha", ha abundado al respecto.

Sin embargo el director xeral de Xustiza ha recordado que antes de que la Oficina Judicial entre en funcionamiento tendrá que aprobarse un decreto marco para permitir su puesta en marcha y producirse un "acoplamiento" de los funcionarios a sus nuevos trabajos.

Otro motivo que justificaría un retraso en la implantación de este sistema es el de la existencia de "plazos" a la hora de cubrir ciertos cargos,  como el de letrado director, cuyo nombramiento dependerá del Ministerio de Justicia.


EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN

El modelo presentado por Juan José Martín se basa en tres ejes. La creación de un Servicio Común general, que unificará las labores de registro y reparto, archivo, funcionarios de apoyo y auxilios judiciales.

También contará con un Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, que unificará los procesos de tramitación; y un Servicio Común de Ejecución, que reunirá en un departamento común los departamentos encargados de las sentencias y resoluciones judiciales "dimensionándolos con un número de funcionarios adecuado".

El director xeral de Xustiza ha abundado en que la puesta en marcha de las Oficinas Judiciales supondrá poner fin a "un sistema decimonónico" y una apuesta por la organización y "el aprovechamiento de todos los recursos".

En este sentido, ha explicado que el modelo tradicional de los antiguos juzgados formados por un juez, un secretario judicial y un determinado número de funcionarios que trabajan de modo independiente, desaparecerá a favor de una nueva organización que establece sistemas de trabajo racionales y homogéneos.

"Es una organización diferente que abandona el entramado de islas que hoy día existe en los juzgados y apuesta por una organización más ágil", ha concluido.


UGT CRITICA QUE EL PROYECTO LO REALICE UNA EMPRESA PRIVADA

A la misma hora que tenía lugar la presentación de la Oficina Judicial el responsable de Xustiza de la Federación Galega de  Trabajadores de los Servicios Públicos de UGT, Manuel González, ha criticado que la experiencia piloto se haya encargado a una empresa externa cuando considera que "tenía que hacerlo la Xunta".

Por parte de UGT se considera  que la nueva oficina judicial "se va a limitar a un anuncio en el Diario Oficial de Galicia (DOG)" de la publicación del decreto que regula su estructura y su organización, "pero sin dotación económica".

En esta línea, González ha incidido en que Galicia "sigue estando en el furgón de cola" de España en cuanto a inversiones en materia judicial y que esta situación se ha visto "agravada" por el "austericidio" durante "los años de la crisis" económica.

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