La Xunta moviliza cien millones de euros hasta el año 2020 para primera vivienda, básicamente para obtener suelo, construir, financiar la adquisición y gestionar vivienda pública en alquiler. Estas actuaciones públicas, aparte de ser totalmente necesarias para el derecho a la vivienda han de utilizarse para regenerar la ciudad y crear espacios públicos. Un buen ejemplo podría ser la intervención realizada en la calle Julio Prieto Nespereira, con una arquitectura contemporánea que ha revitalizado un espacio del casco histórico que se encontraba degradado. En Ourense se han hecho intervenciones como las 52 viviendas en Covadonga, donde aún quedan viviendas por adjudicar. El IGVS construye 8 viviendas de promoción pública en el barrio del 21 y otras 2 en el casco histórico. Si lo comparamos con la demanda existente, evidentemente necesitaríamos una mayor inversión, a pesar de que la demanda se ha reducido, pero como en otros muchos ámbitos del urbanismo ourensano, aquí se va despacio, muy despacio, demasiado despacio. Recordemos: Museo Arqueolóxico, Plaza de Abastos, Ronda Boulevard, transporte metropolitano, intermodalidad, espacios públicos de calidad, la biblioteca y archivo de San Francisco, una simple ordenanza de veladores o el PXOM. Por otro lado, en los suelos urbanizables la legislación obliga al promotor a destinar parte del suelo para la construcción de viviendas de protección autonómica. El fuerte parón de la promoción privada ha incidido negativamente en la consecución de un mayor número de viviendas de protección. Viviendas que no resultan apetecibles para el promotor, puesto que los costes de construcción de las viviendas libres y de las protegidas son similares y sin embargo el precio de venta de las viviendas protegidas se encuentra tasado, siendo inferior al de las libres.
