Nadie que estos días que haya visitado nuestro país ha dejado de quedar impresionado por las manifestaciones de indignación contra una sentencia. Una sorpresa que en el visitante extranjero se convierte en sospecha sobre si España es un Estado de Derecho donde existe de veras división de poderes, al escuchar la reacción de los dirigentes políticos alentando a las masas y fomentando el populismo de una nueva reforma penal.
Resulta así un trabajo más descomunal que el contenido farragoso y excesivo de la sentencia de marras explicar a nuestro amigo de fuera, no solo las diferencias entre el abuso y la agresión sexual en el Código Penal español, sino también cómo es posible que tres magistrados no sean capaces de ponerse de acuerdo en este caso concreto. Cualquier ciudadano puede criticar una sentencia. No es preciso que sea experto en Derecho. Basta con que razone. Pero ningún ciudadano puede rechazar una sentencia. La ley se critica, pero no se rechaza, porque detrás del rechazo solo aguarda la implacable jungla emocional. Pues bien, dicho esto, hay que decir alto y claro lo siguiente:
1. No es verdad que llevemos conviviendo en España 23 años con una laguna o indefinición legal en la represión y castigo de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.
2. Que una sentencia discutible —o, si se quiere, directamente equivocada— provoque indignación en la sociedad no constituye por fuerza un síntoma de fallo en nuestra legislación penal.
3 Nuestro sistema procesal y constitucional dispone de suficientes mecanismos de reacción para rectificar y corregir esa sentencia.
¿Por qué no se les ha dicho esto a ciudadanos que han salido alarmados a la calle en vez de contribuir a la desconfianza en el sistema judicial? No cabe duda que alguna vez desde la judicatura no ayudamos a esa necesaria confianza ciudadana, como sucede en estos casos en donde se viene interpretando una idea de resistencia en la víctima que no existe en la ley penal. Pero que la clase política, Gobierno incluido, en lugar de alentar con la ley en la mano la confianza en el funcionamiento del sistema judicial, que aún no ha agotado su recorrido, salga a los medios con el mensaje de que ya mismo se va a estudiar cómo volver a retocar ¡por trigésima cuarta vez! el Código! constituye con total seguridad, la peor consecuencia imaginable de una mala sentencia y la peor defensa de nuestro Estado de Derecho.
