Estos días se ha continuado hablando mucho del final de ETA, pero poco de su principio y de su futuro. Todos nos congratulamos con la noticia de la definitiva desaparición de la banda terrorista, pero algunos queremos, ademas, poner el acento en el error originario de la propia existencia de ETA y en la evolución siguiente de la trayectoria de crímenes cometidos durante todos esos años por la ya extinta organización terrorista. No es verdad que ETA hubiera salido del pueblo como se dijo en el comunicado leído por un delincuente en busca y captura. No es verdad que ETA haya puesto fin a su “trayectoria política”, porque sencillamente nunca existió tal recorrido político sino una trayectoria exclusivamente criminal.
Quienes servimos al Estado en el País Vasco -y yo fui juez de instrucción en Bilbao- sabemos bien del sufrimiento y la desesperanza en aquellos años de plomo. En las declaraciones quizá más sensatas que he escuchado desde que se produjo el anuncio etarra, el dirigente socialista Patxi Lopez, que sabe muy bien de lo que habla, situó acertadamente la cuestión que ahora habrá que plantearse necesariamente en el futuro inmediato. En efecto, el acercamiento de los presos -lo único que ya interesa a los rescoldos de la banda- es “posible y razonable”, pero soy de la opinión con el exlehendakari que hay que desligarlo del anuncio de disolución. Y es que la aproximación a centros penitenciarios del lugar de procedencia de los penados no deja de representar el puro y duro cumplimiento de la ley, que no hay que seguir excepcionando cara un futuro de normalidad en la ejecución de las condenas por estos presos, igual que con cualquier otros. Una normalidad que continuará también en el castigo de todos los delitos cometidos por los integrantes de ETA.
Que haya llegado su inexorable final, no nos puede hacer olvidar que el principio de ETA fue el del terror de un rosario de asesinatos, extorsiones y secuestros, delitos de los que tienen que seguir respondiendo sus autores ante la Audiencia Nacional. Así lo ha dejado bien claro su teniente fiscal al calificar, a estos efectos de las causas judiciales, de indiferente el comunicado del fin de ETA. Y es que el Estado de Derecho no conoce ni puede dar valor a pronunciamientos de delincuentes, por mucha publicidad con que los realicen y por muy cualificados internacionalmente que aparezcan sus “aliados”. Porque, en definitiva, los crímenes y los delitos no se convalidan en democracia por comunicados ni por escenificaciones ante los medios de comunicación sin ningún valor jurídico.
