Opinión

Qué error, qué inmenso error

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Qué error, qué inmenso error

Sigue el escándalo mediático sobre el cese del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Todo por un maldito informe que nunca se tuvo que haber realizado en una causa penal que no tenía contenido jurídico.

No obstante, la juez del 51 de Instrucción de Madrid admitió una surrealista denuncia y acordó, antes del estado de alarma, un informe sobre el papel de la Delegación del Gobierno con motivo de las manifestaciones del 8M. La encomienda de la juez se dirigía así a las mismas Fuerzas de Seguridad que dirige el delegado del Gobierno investigado. Un informe innecesario e inútil, que, encaminado a constatar un hecho notorio, estaba condenado a levantar una polvareda al afectar directamente al Gobierno de la nación

La jueza escogió la Guardia Civil para que le hiciera el informe, desechando al otro cuerpo policial que naturalmente le correspondía. Pidió a la Guardia Civil un refuerzo del sigilo y reserva, que legalmente está ya establecido, a los funcionarios de la unidad de policía judicial de la citada comandancia.

Así, llegó el encargo del juzgado a la comandancia de Tres Cantos, con la advertencia de que no se tomaran mucha prisa, advertencia también inútil puesto que una vez declarado el estado de alarma, quedaron suspendidos los plazos administrativos.

La policía judicial de la Guardia Civil, antes que nada, es un cuerpo armado sometido a una rígida disciplina jerárquica. Pero los guardias se transforman temporalmente en brazos ejecutores del juez del que dependen funcionalmente, sin dejar de estar sujetos orgánicamente a sus mandos orgánicos naturales. Esta esquizofrenia en la investigación pude dar lugar a los problemas políticos que ahora salpican al ministro Marlaska. Un ministro del Interior de un Gobierno que como es lógico estaba preocupado por el resultado de una investigación policial que directamente le afectaba. 

Y aquí radica el error del ministro. Porque si bien estos guardias investidos de funciones judiciales tienen obligación de no revelar datos de la investigación, dependen de un coronel jefe del lugar en donde trabajan, que tampoco puede legalmente conocer el resultado de lo investigado por sus inferiores. Un alto oficial de la Guardia Civil, el coronel Pérez de los Cobos, que nadie puede creerse que no podía estar al tanto de una investigación de tantísima relevancia que se llevaba a cabo en su comandancia. Un coronel que, por supuesto, es nombrado libremente por el ministro en relación de confianza. El ministro debió conocer directamente del mando policial el desarrollo del trabajo que realizaban los subordinados del coronel De los Cobos, y éste tenia la obligación a dar cuenta al ministro, no del contenido y resultado de las investigaciones, que, como digo, no podía legalmente conocer, pero sí del informe mismo, de sus vicisitudes, de si el mismo se había finalizado y remitido a la jueza solicitante.

No existe en España una policía judicial propiamente dicha, dependiente en exclusiva de jueces y fiscales. Por eso, un tema menor, sin trascendencia penal, se ha convertido en la fosa de Marlaska por un inmenso error. No hay vulneración de la división de poderes, lo que ha habido es un error del ministro al no explicar que, sencillamente, había destituido al coronel por pérdida de confianza y porque, en definitiva, se trataba de un cargo de libre remoción por el ministro, a propuesta de la directora general de la Guardia Civil, sin necesidad de más explicaciones.