Los jueces, en expresión de Montesquieu, somos la boca que pronuncia las palabras de la ley. Este aserto clásico tendría que ser conocido por alguien como María Dolores de Cospedal, a la que se le presume formación jurídica. Una presunción que sin embargo ha quedado en entredicho después de su comparecencia en la Comisión del Congreso sobre la corrupción. Sí, señora ministra de Defensa, los pronunciamientos en sentencia del juez son siempre, y en todo caso, palabra de ley porque sencillamente no puede ser de otra manera.
Que seguidamente Cospedal amenace con querellarse, al modo de una matona de barrio, contra el diputado socialista que la interpelaba, solo puede explicarse como un síntoma más de la descomposición del partido político del que es secretaria general y del Gobierno del que forma parte.
Quizá la sentencia “Gurtel” presenta algunas deficiencias que deberán en su caso ser corregidas por el Tribunal Supremo. Pero el Gobierno de España no puede cuestionar jurídicamente, tal como se está haciendo, el contenido del fallo: puede sin duda criticarla políticamente, pero es absolutamente improcedente que desde posiciones partidarias se plantean posibles incorrecciones técnicas de una sentencia definitiva. Para eso está el recurso en el que el partido popular está perfectamente legitimado como parte condenada por la Audiencia Nacional.
