Después de meses paralizado se acaba de reactivar el proceso que afecta a Pachi Vazquez, y otros acusados más, por su actuación en el Concello de O Carballiño entre los años 2000 y 2009. En el Juzgado de lo Penal tendrán que responder por un delito de prevaricación administrativa que les imputa la Fiscalía de Ourense, castigado con pena de inhabilitación .
Con todo el respeto a la causa judicial y a la presunción de inocencia de los inculpados, considero que es muy difícil que prospere esta acusación. Se trata de un ilícito penal que es muy complicado demostrar, en el que en muchos casos no se puede delimitar lo que deja de ser una mera infracción administrativa para pasar a ser un delito, o lo que es lo mismo, para que la resolución sea manifiestamente injusta, la infracción de la normativa administrativa tiene que ser palmaria y evidente, máxime en aquellos casos en los que no fueron sancionados en vía administrativa, o ni siquiera existió reproche por los órganos administrativos de control.
La prueba aquí se presenta engorrosa y dispersa, normalmente sustanciada en una prolija documentación variada y acústica, regulada por el derecho administrativo y el derecho laboral, como sucede en esta causa.
Hay que demostrar que Pachi Vázquez diseñó una compleja conducta, preparatoria y cointegrada, con la verdadera intención de que todos los candidatos propuestos en las correspondientes actas de selección fueran finalmente contratados en forma temporal por el Concello de O Carballiño, que ha existido un propósito claro e inequívoco de favorecer o perjudicar, un claro favoritismo hacia determinadas personas vinculadas a los acusados.
En definitiva, se trata de demostrar que los finalmente contratados lo fueron conforme a un procedimiento, sea cual fuere, que debió respetar los principios de capacidad, igualdad, mérito y publicidad.
