Dos “ertzainas” peregrinan el 10 de febrero de 2006 por los medios de comunicación bilbaínos para entregar a los periodistas, por orden del juez Fernando Grande- Marlaska Gómez, el auto que ilegalizaba, una vez más, a la ya ilegalizada Batasuna. Los que le conocimos en la capital vizcaína, y que admirabamos su brillantez y afabilidad, también discutíamos sobre sus controvertidas resoluciones, que popularizaron la opinión pública a las puertas del final de ETA.
Fernando Grande Marlaska ocupó temporalmente el Juzgado Central de Instrucción número 5, después de que Baltasar Garzón le recomendara para esta plaza. El magistrado andaluz se había fijado en el colega vizcaíno cuando éste sacó adelante los asuntos del juez Guillermo Ruiz Polanco, suspendido en la Audiencia Nacional. Desde que Garzón se marchó a Estados Unidos en comisión de servicios, el desconocido Grande-Marlaska también le sustituyó en las primeras páginas de los periódicos, unos para ensalzarle y otros, no tanto.
En 2004 había impedido que el recluso Juan Ignacio de Juana Chaos fuera excarcelado; luego admitió a trámite una denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo por presunta colaboración de EHAK con ETA, y más tarde dictó un auto para que Batasuna no organizara un acto público en Baracaldo, pero que también le impedía presentarse a las elecciones municipales del 2007. Se basó en una carta interceptada al terrorista Henri Parot para que continuara encerrado más de veinte años, luego vendría la doctrina jurisprudencial que lo puso en la calle. Fernando tenía una capacidad excepcional para dictar sentencias bien fundamentadas en el mismo actio; era un magistrado accesible, riguroso y elástico a la vez, y uno de los mejores presidentes de tribunal que han ejercido en Bilbao, a la altura de Juan Alberto Belloch o de Joaquín Jiménez.
Grande Marlaska desarrolló así gran parte de su carrera en la capital vizcaína, en el Juzgado de Primera Instancia número 12, en el de Instrucción número 2 y como presidente de la Sección Sexta de la Audiencia provincial. Los bilbaínos tal vez se acuerdan de un juez que pidió explicaciones a la Ertzaintza por haberle llamado con retraso para levantar un cadáver; se trataba de un transeúnte al que le había caído encima el alero de un edificio y quedó tendido sin vida en el centro de la ciudad. Aquel juez irritado es el ahora ministro del Interior.
Nacido en el seno de una familia peneuvista y casado con un filólogo euskaldún, entre 1990 y 2003 se granjeó en el País Vasco un recuerdo imborrable y un sólido prestigio. En febrero de 1997, cuando Grande Marlaska era juez de Instrucción, abrió diligencias a un “ertzaina” que disparó al verse rodeado por manifestantes abertzales e hirió a uno de ellos. Eran los tiempos de la ponencia Oldartzen, y Juan María Atutxa dirigía el departamento de Interior sobre aguas turbulentas. Los sectores conservadores se lanzaron contra Fernando, pero actuó bajo criterios de estricta legalidad. Hacía lo que creía que es justo, aunque pueda sorprender a la sociedad o afectarle en lo personal.
Fernando volvió a salir a la palestra no mucho después, cuando archivó las diligencias por la muerte de dos jóvenes terroristas en un enfrentamiento con la Guardia Civil ocurrido en Bilbao en septiembre de 1997. Tres años después, las autoridades le informaron de que todos sus movimientos habían sido registrados por el “comando Vizcaya”, que le catalogaba como “protector de fusilamientos”. Ese mismo “talde” causaría una conmoción en la sociedad vasca y en la judicatura en noviembre de 2001 al asesinar a José María Lidón, compañero magistrado de la Audiencia bilbaína.
Fernando Grande Marlaska decidió marcharse a Madrid a costa de descender un peldaño profesional. El 21 de marzo del 2003 dejó la Sección Sexta de la Audiencia para trasladarse al anónimo Juzgado de Instrucción número 36 de la Plaza de Castilla. La asociación de abogados Res Publica le brindó una cálida despedida en Bilbao, algo que no acostumbra a hacer con los jueces. Un participante le preguntó a bocajarro por qué había decidido instalarse en un simple juzgado. Contestó que estaba cansado, hastiado de que ETA monopolizara todas las conversaciones.
