Opinión

Los ERTE, un verdadero problema

La pandemia del COVID-19 ha creado un grave problema económico que sólo está empezando. El Gobierno de España, en mi opinión con buen criterio, estableció un procedimiento para tramitar los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), con el fin de evitar el despido masivo de trabajadores. A este procedimiento se han acogido muchas empresas que quieren seguir funcionando cuando acabe esta situación y mantener las relaciones laborales de sus trabajadores. 

El problema es que las Comunidades Autónomas están siendo incapaces de tramitar la avalancha de cientos de miles de ERTE que se han presentado en toda España, porque sus medios personales son absolutamente insuficientes. A día de hoy la gran mayoría de los expedientes están sin tramitar y el plazo de los cinco días que se estableció en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo (de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico del COVID-19), para resolverlos, está venciendo sin que exista una resolución de las administraciones. Es cierto que muchos opinan que ante la falta de resolución se considera aprobado el ERTE por silencio administrativo. 

Si esto es así surge otro problema porque el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España acaba de publicar el formulario de solicitud colectiva de prestaciones de desempleo derivadas de los ERTE por COVID-19 y entre los requisitos exigidos, con carácter imprescindible, está aportar el número de ERTE asignado por la Autoridad Laboral competente, del cual carecen las gran mayoría de las empresas al no resolverse los expedientes en plazo. 

Como consecuencia de ello la gran mayoría de las empresas no podrán tramitar esas solicitudes colectivas de prestaciones de desempleo para sus trabajadores, con las consecuencias económicas que ello tiene para los mismos. Por propia experiencia sé que las asesorías de las empresas se están dejando la piel en presentar los ERTE cuantos antes, pero es evidente que se encuentran con el muro de la falta de respuesta de la Administración. 

Tal vez debería cambiarse la norma y establecer que todos los ERTE serán aprobados provisionalmente, atribuirles un número a la autorización provisional (sin necesidad de revisión previa), y dejar para más adelante la revisión de cada uno. Así eliminaríamos el cuello de botella que la Administración ha creado al establecer un procedimiento que exige la revisión previa y autorización de cada ERTE. La realidad se impone, eso es imposible, al menos en un breve plazo de tiempo. Debemos agilizar los expedientes todavía más y coordinarlos con las solicitudes colectivas de prestaciones de desempleo derivadas del COVID-19.

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