Se acaba de anunciar la aprobación de un proyecto de ley que supondrá la desaparición de los actuales partidos judiciales y su concentración en las capitales de provincia. Todo ello se enmarca en la modernización de la Justicia. Entiendo que no hay que dramatizar y que de la misma manera que mucha gente se desplaza a la capital para celebrar juicios por despido o penales, también se podrían desplazar para celebrar juicios civiles. Ahora bien, ello no quiere decir que, para evitar situaciones absurdas, este proyecto de ley no haya de ser corregido en función de parámetros de proximidad y número de habitantes.
Por ejemplo, tal y como está redactado el proyecto de ley, ciudades como Vigo, Santiago o Gijón, por poner tres ejemplos, se quedarán sin sus Juzgados y tendrá que celebrar sus juicios en Pontevedra, A Coruña y Oviedo, respectivamente. Es evidente que algo falla, porque no puede ser que Pontevedra tenga todos los juzgados y Vigo ninguno. Parece claro que ha de haber una excepción cuando se trate de ciudades con población muy considerable.
Lo mismo se puede decir del criterio de proximidad a la capital. No parece demasiado lógico que poblaciones como O Barco, A Rúa o Verín tengan que desplazarse cien kilómetros para celebrar todos sus juicios. La solución tal vez sea establecer que cada partido judicial haya de tener un mínimo de habitantes, por ejemplo cincuenta mil, con lo cual los nueve partidos judiciales que hay en la provincia de Ourense se reducirían a unos cinco, consiguiendo con ello una mayor eficacia y una cierta proximidad a los ciudadanos.
En España somos mucho de todo o nada o lo que es lo mismo, del movimiento del péndulo que nunca se detiene en el medio, cuando existen fórmulas mucho más eficaces para agilizar la Justicia, como puede ser reducir trámites judiciales y aplicar la agilidad procesal de la jurisdicción social a la jurisdicción civil. Siempre me he preguntado porque en un Juzgado de lo Social se puede tramitar una reclamación por despido y por un importe de cien mil euros en una vista sencilla y rápida, que se resuelve en dos meses, y sin embargo una reclamación civil por el mismo importe exige un trámite procesal mucho más largo y complicado y en la práctica un mínimo de seis meses.
La modernización de la Justicia pasa por adaptar los partidos judiciales a la actual realidad social, pero también y fundamentalmente por la agilización de los trámites procesales. Si el proceso se modifica para que sea ágil inmediatamente mejorará la eficacia judicial y tendremos una Justicia del siglo XXI. La Justicia siempre exige una justa y ponderada solución a los problemas.
