Opinión

LAS PREFERENTES Y EL TRIBUNAL SUPREMO

Probablemente esto de las participaciones preferentes es el mayor engaño ocurrido en España desde tiempos inmemoriales. El engaño empieza con el mismo nombre del producto, porque llamarle preferentes a unos valores que otorgan menos derechos que los de un accionista y menos garantías que a cualquier otro acreedor, es tanto como jugar con la buena fe de los ciudadanos. A cualquiera que hace unos años le ofrecieran la compra de preferentes lo primero que pensaba, como es lógico, era que tenía ¡toda la preferencia del mundo!, porque todos sabemos lo que significa en el lenguaje de la calle, el común y ordinario, tener preferencia. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, preferencia significa 'primacía, ventaja o mayoría que una persona o cosa tiene sobre otra, ya en el valor, ya en el merecimiento'.


En el lenguaje financiero la palabra preferente, derivada de preferencia, significa todo lo contrario, ni hay primacía ni ventaja para el que adquiere las preferentes, es decir, que sí existe una ventaja, pero para la entidad financiera que se las vendió, que se hacía con la propiedad del dinero sin riesgo alguno, siendo el cliente el que los asumía todos y de paso le solucionaba un problema al emisor.


Con todo, el problema no está tanto en el nombre como en el uso y abuso del producto para fines que no son, o eran, los propios de una emisión de preferentes. Fueron fundamentalmente las antiguas cajas de ahorros, las que, en un plan preconcebido y para salvar su situación de insolvencia y quiebra técnica, las 'colocaron' a sus clientes, los que se vieron sorprendidos en su confianza y buena fe, y con ello desvirtuaron la emisión, convirtiendo una 'suscripción voluntaria' en una 'colocación con calzador'. También hubo emisiones de preferentes de bancos y empresas, pero en estos el problema fue mucho menor, de hecho o las han amortizado o las han devuelto en una gran mayoría y ello porque no se emitieron para salvar un problema de supervivencia del emisor, sino con el fin de obtener financiación para empresas que eran y son solventes en muchos casos.


Ahora algunas de las antiguas cajas han tenido que ser nacionalizadas con el fin de evitar su quiebra, y el FROB, que es el organismo que realmente las gobierna, va a proceder a un canje de preferentes (también subordinadas) aplicando unas quitas, o lo que es lo mismo en lenguaje común y ordinario, cambiándolas por acciones con menos valor que el que tenían las preferentes en el momento de la compra. Esto es injusto si las personas que compraron las preferentes no fueron debidamente informadas, o más bien, si fueron engañadas y les invirtieron sus ahorros en un producto que era de alto riesgo. Sin duda el arbitraje ha funcionado para los pequeños ahorradores (menos de 10.000 euros), pero no así para los que tienen suscritas cantidades mayores, que también son pequeños ahorradores en muchos casos. Estos otros titulares de preferentes sin embargo no están abandonados por el Estado de Derecho, porque si han sido engañados tienen que saber que muchos jueces están anulando las suscripciones de preferentes y que el Tribunal Supremo acaba de dictar, por primera vez, una sentencia dejando muy clara la responsabilidad de las entidades financieras en la comercialización de estos productos y condenando a una de ellas a la devolución de todo el dinero.

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