“El crédito es el primer paso hacia las deudas, es el principio de la vuelta a la esclavitud”. Malcom X
Ya es oficial. El INE acaba de anunciar una reducción del 5,2% del PIB en el primer trimestre. Teniendo en cuenta que, respecto del mismo, sólo quedaron afectados por el estado de alarma 15 días de marzo, resulta aterrador hacer una proyección al segundo trimestre que se va a ver afectado en su totalidad, y al conjunto del año. Se va quedar corto el peor escenario del 12% de reducción anunciado por el Banco de España. Eso ya, de por sí, anuncia un tenebroso panorama de inactividad, paro y miseria.
El programa de “desescalada” (vaya palabro), no parece que vaya a arreglar la sangría empresarial generada por la crisis del coronavirus. El plan de reanudación de la actividad económica, lejos de servir de estímulo a la recuperación, se antoja más como un lastre para la productividad. Basta ver el programa para la hostelería y turismo, principal industria de nuestro país, y que supone, entre repercusión directa e indirecta, un 30% de la riqueza nacional. Existe una oposición frontal por parte del sector que ya anuncia que, en esas condiciones, no merece la pena ni abrir la persiana. Lógico, pues la apertura implica abonar la factura de la práctica totalidad de los gastos fijos, junto con unas limitaciones inasumibles respecto de la actividad ordinaria, que hará que el dinero que entre en la caja no alcance a cubrir costes.
El desplome de los ingresos públicos se antoja de proporciones bíblicas. La inactividad va a da lugar a una bajada exponencial en la recaudación de todos los impuestos. Según los datos de la Seguridad Social, en marzo, más de 120.000 empresas se dieron de baja como cotizantes de la Seguridad Social, lo cual implica que dejaron de cotizar por todos sus empleados y a finales de abril, 1.100.000 autónomos (un tercio del total) se han acogido a la prestación por cese de actividad. Es ya una certeza que muchas de estas empresas van a desaparecer definitivamente y se espera una avalancha de bancarrotas, las cuales están siendo artificialmente retrasadas por el cierre de los Juzgados y una nueva norma contable, aprobada en el Real Decreto de declaración del estado de alarma que, siguiendo la táctica de avestruz, permite no computar las pérdidas de 2020 a efectos de la declaración de concurso.
Si al lucro cesante de la disminución de los ingresos públicos, añadimos el daño emergente del coste directo de la factura del coronavirus, vamos a encontrarnos con 200.000 millones de euros de boquete en las cuentas públicas. Un drama nacional en toda regla.
Parece que se fía todo al incremento de la deuda pública, que pasará del 98% a una cantidad aproximada del 120%. El papel lo aguanta todo, pero la gran pregunta es ¿Quién paga la cuenta? En primer lugar, todos nosotros, que deberemos soportar la anunciada subida generalizada de impuestos. Pero además y lamentablemente, estamos cargando a las generaciones venideras con la pesada losa de unas cifras inasumibles de gasto público destinadas a la amortización de la deuda, y que obviamente reducirán el gasto ordinario social y productivo.
Las partidas de gasto y correlativo endeudamiento que se están anunciando alegremente, implican la obligación de devolver hasta el último céntimo las cantidades prestadas. A ello hay que añadir el interés correspondiente fijado por la prima de riesgo, que sólo puede mantenerse en una cuantía razonable en base a la compra masiva de deuda pública por las instituciones europeas. Por mucho que se clame en el desierto, nadie nos va a regalar el dinero a fondo perdido.
Como es evidente, y conocemos por la aún reciente experiencia de Grecia, Europa no nos va a permitir demasiadas alegrías de gasto, y las cuentas públicas serán sometidas a un férreo control, para cortar de raíz todo gasto improductivo e injustificado. Se podrán utilizar los eufemismos que se quiera, pero parece ya inevitable un rescate en toda regla, con la intervención exterior de las finanzas públicas, y los consiguientes recortes en gran parte de las partidas de los presupuestos públicos, incluido el gasto social de pensiones, sanidad, educación y función pública.
Aunque algunos aún no se han dado cuenta, y fatalmente, este es el precio que vamos a pagar por la decisión de parar la economía en seco. ¿En serio no hay al día de hoy otra alternativa, con los datos de incidencia de la enfermedad sobre los grupos de riesgo y la mejora de la situación sanitaria? Y aún siguen anunciando alegremente prórrogas del estado de alarma ¿Hasta cuándo?
